El Congreso se convirtió en el terreno de disputa entre Nación y los gobernadores, luego del revés en el Senado. Los mandatarios provinciales buscan conseguir recursos que consideran propios, con el respaldo de la oposición más combativa, lo que se traduce en los proyectos para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ya obtuvieron media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado por Diputados. Ante esto, la Casa Rosada desplegó una estrategia que combina diálogo político, bloqueos parlamentarios, la amenaza de un eventual veto presidencial y hasta la judicialización de la sesión en la Cámara alta.
Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comenzó el operativo de la primera instancia que es retomar las conversaciones con los mandatarios provinciales, especialmente con aquellos con los que supo contar en casi todas las instancias que lo necesitó en este año y medio de gestión libertaria. En paralelo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) paraliza el tratamiento de las iniciativas en las comisiones clave. José Luis Espert (Presupuesto) y Lorena Villaverde (Energía) no convocaron a discutir los proyectos que ya tienen media sanción y que afectan directamente el equilibrio fiscal que defiende el Presidente Javier Milei.
Sin embargo, esa estrategia es sólo dilatoria: en Diputados, la oposición encontró en la herramienta de los emplazamientos un mecanismo efectivo para obligar a que el oficialismo abra las comisiones. Por eso, en caso de que las leyes avancen, en Casa Rosada no sólo advierten de un presunto veto presidencial, sino también de una posible judicialización del proceso legislativo y, como última carta, el recambio parlamentario de diciembre si las elecciones benefician al gobierno.
La moratoria previsional corre peligro pero el aumento a los jubilados estaría «blindado»
En Balcarce 50 reconocieron que no todos los proyectos que aprobaron los senadores opositores corren la misma suerte en Diputados. Pero frente al riesgo de que alguno logre sanción definitiva, el Gobierno se muestra dispuesto a vetarlos. El Ejecutivo apuesta a que ese gesto refuerce su relato de sostener el compromiso del déficit cero.
El ejemplo más controversial para esa instancia es el de la ley de Emergencia en Discapacidad, un tema sumamente sensible que podría derivar en un «costo político» para Milei si termina vetándolo. Otra lectura desde el Ejecutivo es que forma parte de ajustar con el despilfarro y «los curros». Pero esta ley reunió los dos tercios necesarios en Diputados con apoyo transversal, y eso significa que si mantiene esas voluntades, puede rechazar un eventual veto. De hecho, el impulsor del proyecto, Daniel Arroyo, sumó propuestas de otros bloques para blindar el proyecto frente al veto. En cambio, la moratoria previsional —la que menos respaldo logró en ambas Cámaras— es la que más chances tiene de ser bloqueada con el tercio que requiere el Ejecutivo para que el veto no sea revocado.
Desde el oficialismo relativizan otras normas aprobadas por el Senado, como la ley para asistir a Bahía Blanca tras el temporal de marzo. “El Ejecutivo ya destinó los $200 mil millones que dice esa ley”, argumentaron.
Espert dilata y la oposición emplaza
En Diputados, los proyectos redactados por los gobernadores enfrentan un bloqueo sistemático. Unión por la Patria, con apoyo de otros bloques opositores, prepara un pedido de sesión especial para el 30 de julio. La meta es forzar un emplazamiento, es decir, obligar a las comisiones a tratar los textos. Así lo hicieron con las leyes de movilidad jubilatoria y discapacidad, que luego terminaron aprobadas.
Algunos diputados del peronismo y Encuentro Federal confiaron a este medio que buscarán avanzar con los proyectos de coparticipación, el financiamiento de las universidades públicas y el Hospital Garrahan, a pesar de que anticipan la misma reacción dilatoria de Espert en su comisión. Por este motivo es que en el próximo pedido de sesión ya estará incluido el pedido de emplazamiento.
Las iniciativas en cuestión establecen una redistribución del Impuesto a los Combustibles y de los ATN. Del total recaudado por los combustibles, el 57,02% iría a las provincias, y el resto se dividiría entre el Tesoro Nacional, Seguridad Social y transporte público. En cuanto a los ATN, un 25% se repartiría en partes iguales y el 75% restante según la ley de Coparticipación.
El Gobierno activó conversaciones con gobernadores aliados
En simultáneo al bloqueo parlamentario, el Gobierno mantiene abiertos canales de negociación con los gobernadores. Pero lo hace con una lógica selectiva.
Por un lado, los aliados oficiales son Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), con quienes sellaron o terminan de definir acuerdos electorales. En un segundo orden están los que vienen manteniendo cortocircuitos las últimas semanas, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), donde el gobierno confía en reactivar esa sintonía que le dio «gobernabilidad» hasta ahora. Obviamente que no esperan nada de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Judicialización de la sesión del Senado y elecciones que refuercen a LLA
Si los vetos no alcanzan para frenar las leyes impulsadas por las provincias, el Gobierno contempla acudir a la Justicia. En el oficialismo consideran que la sesión del Senado que aprobó el paquete fue “ilegal e ilegítima”, aunque los antecedentes judiciales y el análisis de la mayoría de los constitucionalistas advierte que la presencia de más de dos tercios de los senadores autoconvocados y la interpretación de su reglamento no sólo lo hacen válida sino un terreno donde prefieren no intervenir. Aun así, confían en que podrían obtener un fallo favorable que respalde su posición.
Como último recurso, el oficialismo ya mira hacia el 11 de diciembre, cuando se producirá el recambio legislativo. En La Libertad Avanza creen que las elecciones de octubre les permitirán mejorar su representación en ambas Cámaras. De lograrlo, podrían consolidar un tercio propio que les permita vetar sin riesgos, evitar intentos de juicio político y, eventualmente, corregir las leyes aprobadas mediante el Presupuesto 2026. No obstante, una senadora de UxP explicó que dependerá de «cuánto absorba del PRO» la representación de la derecha en la casa de las leyes. Y es que si LLA obtiene resultados favorables pero lo hace a través de disminuir las bancas del espacio de Mauricio Macri, hoy un fuerte aliado del gobierno, no alcanzaría para obtener grandes cambio en las votaciones.
Con el receso de invierno en marcha, la Cámara de Diputados retomará su actividad formal a fin de julio. Pero la batalla ya está planteada. El Congreso, una vez más, se convirtió en el principal campo de disputa entre un Presidente que promete vetos y un grupo de gobernadores decididos a recuperar recursos.
