La parlamentaria presentó la denuncia penal contra el juez de la Cámara Segunda en lo Criminal, Arturo Lisandro Cabral, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Villaggi acusa al magistrado de realizar actividades proselitistas a favor del Frente para la Victoria, con intención de postularse como intendente de Clorinda, acción expresamente prohibida por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA
Villaggi sostiene que Cabral, sin renunciar a su cargo, ha participado activamente en campañas políticas, una conducta vedada por el artículo 172 de la Constitución Provincial y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíben a jueces y magistrados cualquier tipo de militancia partidaria.
La legisladora acompañó a la denuncia capturas de redes sociales y declaraciones públicas del juez en medios periodísticos donde hace explícita su intención de competir en las próximas elecciones municipales.
Según la denuncia, la actividad de Cabral no solo viola normas provinciales, sino que también atenta contra principios de imparcialidad judicial consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En ese sentido, se invoca el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a un tribunal imparcial.
IMPLICANCIAS LEGALES
El artículo 248 del Código Penal establece penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial para funcionarios que incumplan las leyes que rigen su cargo. En este caso, la omisión de Cabral de ajustarse a la normativa vigente configura un incumplimiento claro de sus deberes, según argumenta Villaggi.
La denuncia plantea una situación de gravedad institucional, ya que un magistrado en ejercicio no solo estaría incumpliendo la ley, sino también comprometiendo la confianza de la sociedad en la independencia del Poder Judicial.
