El subsecretario de Hacienda y Finanzas, el contador Miguel Antinori, confirmó que el Poder Ejecutivo ya envió a la Legislatura el proyecto del Presupuesto Provincial 2025, de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 142, inciso 6.
En este sentido, el funcionario recordó que dentro del Capítulo de Atribuciones y Deberes de la carta magna provincial, el Ejecutivo debe remitir 30 días antes de finalizar las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto del próximo ejercicio.
“Tal como año a año, el gobernador Gildo Insfrán atiende esa medida, lo ha hecho en este año nuevamente”, destacó.
Al detallar aspectos del Presupuesto, señaló que “en síntesis, el comportamiento plurianual que tiene el perfil de diseño de la matriz presupuestaria, no ha cambiado prácticamente en todo este tiempo de desempeño político del Gobernador”.
Recordó que en los inicios de la gestión “comenzamos con una deuda importante que condicionaba el desempeño del Poder Ejecutivo”, significando que “eso fue superándose y hoy, con una referencia importante en lo que es prácticamente un desendeudamiento trascendente que ha logrado el Gobernador en su momento, allá por el año 2010, se ha sostenido, porque bueno es decirlo, no siempre es quedarse en el logro, sino en el sostenimiento de ese logro”.
“Por lo tanto –añadió Antinori-, hoy uno advierte en los indicadores del presupuesto que estamos prácticamente con una incidencia del 0,5% en la atención de los servicios de deuda. Desde ahí, el Poder Ejecutivo, en este caso el Gobernador, define un criterio, una estructura de aplicación de los recursos que está eminentemente direccionada básicamente a sostener el cumplimiento de las obligaciones con el principal acreedor del sector público, que son los agentes que lo dinamizan en la gestión”, apuntó.
Empleo público
En cuanto al rubro del empleo público, el contador Antinori hizo notar que referentes opositores suelen hacer referencia al supuesto sobreempleo público en la provincia, y en este punto, remarcó que “en el año 2017, en la Ley de Responsabilidad Fiscal, se insertó una regla que se llama Regla de Empleo, y la matriz de definición era que se tomaba, en ese momento, cómo estaba compuesta la estructura de cargos públicos respecto de la población de cada jurisdicción”.
Precisó que “Formosa arrancó con una referencia de 72.9 cargos ocupados por cada mil habitantes. En esa relación, para traducirla en modo gráfico, más o menos en otros valores pero equivalentes, estamos hablando de una población de alrededor de 43.000 agentes estatales, con un nivel calculado o estimado de población al 30 de diciembre de 2023, de 630.000 habitantes aproximadamente”.
Precisó que “esa relación está hablando más o menos de que un 6,8, un 7% de la población es agente estatal. O sea, estamos hablando de 72.9 cargos ocupados por cada mil habitantes. Eso para referenciar de que Formosa no está sobre-empleada en la estructura de la composición de los agentes estatales”, enfatizó.
Sobre este tema, recordó que “hace poco una legisladora provincial (por Gabriela Neme) habló de que de cada 100 personas, 68 son agentes públicos. Por lo tanto, se advierte la ignorancia, yo entiendo que hay ignorancia o animosidad en la expresión de denostar un servicio que, para empezar, no se descalifica, es un agente del Estado, es un empleado público”, lamentó el subsecretario de Hacienda.
Explicó que ese porcentaje se divide en salud, educación y seguridad. Estamos ahí en alrededor de 17.500 docentes, 7500 integrantes del escalafón seguridad y alrededor de 7 mil integrantes del escalafón salud.
Hizo notar que “eso marca plenamente una administración responsable en la incorporación de agentes, básicamente respondiendo a la demanda que ha conformado la población vinculada a lo que es la infraestructura en materia de salud, infraestructura en materia educativa y lo que es la referencia en materia de seguridad”.
“Quiero dejar sentado que la relación que tenemos está sostenida por la evaluación que nos hace año a año el Consejo de Responsabilidad Fiscal que lo estableció la Ley 25.917, modificada por la 27.428 y que evalúa todas las jurisdicciones del país. En ese sentido, estamos cumpliendo una regla de razonabilidad del empleo público, lo que no es menor”, concluyó.
