El caso cobró notoriedad por tratarse de dos empleados de la Municipalidad de Las Lomitas que habían sido contratados por el intendente Atilio Basualdo para realizar tareas particulares. La finalidad era sacar agua de ese reservorio, cargar en un camión y llevar posteriormente el vital líquido a un campo vecino, propiedad del jefe comunal.
En eso estaban los dos operarios cuando policías a bordo de un móvil que patrullaban por la zona los vieron metidos dentro del predio sacando agua de una de las represas. Ante la sospecha de estar ante un flagrante delito, los funcionarios procedieron al arresto de los trabajadores.
A pocos metros había un tractor, un grupo electrógeno, una camioneta ploteada con la inscripción Municipalidad de Las Lomitas, un tanque con capacidad de 8 mil litros y un compresor.
Los detenidos llevados a la Comisaría jurisdiccional imputados del delito de usurpación de agua (artículo 182 del Código Penal) quedando ambos a disposición del Juzgado de Las Lomitas.
La Policía pidió informes al Instituto de Colonización y Tierras Fiscales para determinar las condiciones legales de la propiedad donde fueron detenidos los dos empleados municipales.
La respuesta reveló que dicho inmueble pertenece al Estado y que las dos represas ubicadas dentro del predio están cerradas desde más de diez años, aclarándose que las mismas fueron construidas para proveer de agua a productores agropecuarios de las localidades de San Martín 1 y 2.
Mientras tanto, en el Juzgado los abogados defensores de los imputados solicitaron la excarcelación de ambos detenidos.
El fiscal se opuso al pedido poniendo como condición la necesidad de que, como primera medida, presten declaración indagatoria en el Juzgado, a la vez de instar a seguir profundizando la investigación del caso.
El martes ambos fueron notificados de la denegatoria de excarcelación, pero rápidamente la jueza competente instruyó la causa y, por tratarse de un delito de flagrancia, el expediente ingresó al sistema de oralidad penal.
Así, el jueves se realizó la audiencia programada por la OGA y, en presencia de todas las partes (fiscal y defensa) los imputados declararon y luego recuperaron su libertad.
El trámite seguirá adelante con el requerimiento fiscal y, oportunamente, la causa será elevada a juicio.
