Para evitar los fraudes y las estafas, el Gobierno pone en marcha este martes con una resolución que se publica en el Boletín Oficial una nueva reglamentación a la hora de realizar pagos con tarjetas de débito, crédito y prepagas que básicamente exime a los usuarios de presentar documentación al momento de comprar y les permite ser los únicos que manipulen esos plásticos. Así, por ejemplo, al momento de pagar en un restaurante será el mozo el que deba acercar la terminal pos a la mesa.
La Secretaría de Comercio ultima los detalles de una resolución que verá la luz este martes y por la cual los comercios se verán obligados a dejar de manipular los plásticos de sus clientes. En esta dependencia esperan un plazo de adecuación que va desde los 90 a los 180 días y aseguran que desde el punto de vista tecnológico no hay impedimentos para instaurar esta forma de pagar, que ya se usa en buena parte del mundo, y que puede presentar un «salto» en la seguridad de los consumidores.
La idea es evitar que el dueño de esos plásticos pierda en algún momento de vista esta documentación y que ocurra un robo de datos: con una simple fotografía de las tarjetas y el documento, quien tenga mala intención puede cometer una estafa y comprar en un sitio on line.
Justamente, son las compras electrónicas el foco más grande donde se pueden colar potenciales estafas: se estima que en la región el 90% de los fraudes con tarjetas se dan en este contexto, de compras realizadas «a distancia».
Para respaldar esta iniciativa en el Gobierno hablan de unas 7.000 denuncias realizadas durante 2023 en la Secretaría de Defensa del Consumidor por fraude y robos de datos de titulares.
En paralelo, un diputado de Juntos por el Cambio, Damián Arabia, presentó el viernes en el Congreso un proyecto de Ley llamado “Manipulación libre y segura en el pago con tarjetas de débito, crédito y prepago”.
La iniciativa de Arabia da un paso más sobre lo que planea hacer Comercio: el legislador busca que se derogue el capítulo de la Ley de Tarjetas de Crédito, sancionada en 1998, donde se exige la presentación del DNI o de cualquier documento que acredite la identidad del comprador a la hora de pagar.
En diálogo con Clarín, señaló: «Ese punto de la Ley de tarjetas tenía sentido en aquel momento, hoy con los adelantos tecnológicos que hay, tiene un efecto adverso. La realidad es que todas las aplicaciones de bancos y fintech permiten «pausar» un plástico si se cree que alguien hizo un uso indebido y denunciar rápidamente el hecho. Entregar el documento implica un riesgo innecesario para el comprador y no disminuye los casos de fraude o la cantidad de desconocimientos para el comercio».
Fuentes de la industria de los medios de pagos consultadas por este diario dijeron que apoyan estos cambios ya que van «en línea con el avance tecnológico». «Hoy la mayoría del parque de POS en el país tiene incluida la tecnología NFC, que permite el pago sin contacto, por lo que el comprador solo debe apoyar el plástico en la terminal, lo que agiliza los tiempos de caja y además es muy seguro», plantearon.
Las iniciativas que tanto la cartera de Pablo Lavigne como el diputado Arabia quieren implementar a nivel nacional ya tuvieron su «prueba piloto» en tres provincias: Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde ya se prohibió que los comerciantes manipulen las tarjetas de sus clientes.
Al respecto, Federico Cofman, Country Manager de Mastercard Argentina y Uruguay, afirmó: «Sabemos que este tipo de medidas presentaron muy buenos resultados en las provincias donde se han implementado. Todo lo planteado contribuye mucho a subir los estándares de seguridad, a mejorar y reducir los tiempos en los que uno puede pagar, sin que uno mismo vaya a usar la tarjeta. Argentina es el único país de la región donde vas a comprar cualquier producto y piden el documento. Todos estos cambios van a permitir una experiencia más ágil y segura tanto para los comercios como para los tarjeta habientes«.
