Siempre presto atención cuando en un debate y/o cuando se trata de polemizar sobre el destino final de los miles de personas que, habiendo sido secuestrados por las fuerzas encargadas de reprimir durante el terrorismo de Estado invocándose “la lucha contra la subversión” y que hasta la actualidad se desconocen sus paraderos, al igual que la identidad de los niños que fueron robados a sus madres.
Habiendo sido primeramente víctima de la represión, en mi condición de abogado preste asistencia profesional a organizaciones de campesinos y gremiales ante los abusos y violencia injustificadas de los represores, razón por la cual, ya en libertad, fui convocado por la Cámara Penal para deponer en condición de testigo de cargo en el juicio realizado a las Juntas Militares en el año 1985, y posteriormente, al reanudarse los juicios por delitos de lesa humanidad, me presente en todas las causas iniciadas en Formosa comenzando por denunciar al exgobernador de facto Gral. Juan Carlos Colombo, condenado en su momento a veinticinco años de prisión por los delitos de “asociación ilícita en calidad de Jefe; privación ilegítima de la libertad reiterada; tormentos agravados reiterados; desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio”. Obviamente con todas las garantías del debido proceso y asistido por su defensor privado, posteriormente impugnando el fallo que fue rechazado por la Cámara de Casación Penal. La condena quedó firme.
Me consta que la totalidad de los juicios por delitos de lesa humanidad se llevaron y continúan tramitándose de igual manera en todo el país, motivo por los cuales realmente me asombra que tanto Javier Milei y su compañera de fórmula presidencial Victoria Villarruel continúan repitiendo que “fue una guerra”, como jamás podría considerarse tal por decisión escrita, plasmadas en ordenes concretas consignadas en Reglamentos Confidenciales destinados a lo que se llama lucha antisubversivas urbana y fueron impresos en el Instituto Geográfico Militar, con la obligación de ser adquiridos obligadamente por Comandos, institutos, unidades y Oficiales de Estado Mayor con carácter de “Reservado” en el cual se indican los métodos de torturas de 3er grado, compulsión psíquicas y física, etc.
A todo evento, faculta a los represores a “no considerar prisionero de guerra a los detenidos y, por tal motivo, no tendrán derecho al tratamiento estipulados en la convenciones internacionales”. Es decir que a los que consideraban “subversivos” podrían darles el destino que fuera, incluso la muerte.
Asimismo los militares cumplían sus tareas represivas con Ordenes Secretas Nº 404/75, 405/76 y la Directiva Nº 504/77.
Finalmente , es más que sabidos que el Ejército tenía el control operacional de todas y cada una de las fuerzas de seguridad, cuyo responsable era el Jefe de Regimiento “de lo que haga o deje de hacer el Regimiento, No delega ni comparte dicha responsabilidad establece el Manual de Servicio RV-200-V, cuya Plana Mayor está integrada por Sección Personal, Inteligencia, Operaciones y Logística, constituyendo un verdadero “catecismo” declararon los militares ofrecidos como testigos en la causa “Colombo” sobre el cumplimiento de sus disposiciones. Es más todas las actividades, día por día, de los efectivos militares eran consignadas en la Hoja de Ruta que el Jefe de la unidad hacia entrega al Oficial del Servicio en sobre cerrado y su cumplimiento estricto era devuelto al regresar al Regimiento.
En síntesis, jamás existió “guerra” ya que los simples sospechosos eran tratados como “subversivos” sin derecho a ser considerado prisionero de guerra, habilitando a los represores a disponer incluso de su vida. Tampoco se trató simplemente de excesos. Fue todo planificado y ejecutado perversa y despiadadamente, sin siquiera entregar los cuerpos de los desaparecidos para permitir el culturalmente duelo a sus familiares, mientras siguen ocultando la identidad de más de 300 niños apropiados antes de asesinar a las madres, y que a 40 años de democracia todavía los represores se niegan a colaborar para poner fin a tanto dolor y angustia de sus seres queridos, que continúan reclamando conocer la verdad del destino final.
Realmente indigna el presidente electo Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, estando en conocimiento, o pudiendo averiguar informaciones de sus represores políticos defendidos, se limitan a invocar que fue “una guerra”, evidenciando que no recibieron el “soplo divino” insuflado por Dios para dar el salto cualitativo en la especie dejando de ser animales de acuerdo al sacerdote y filósofo jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin en su obra “El fenómeno Humano” . Para concluir, reitero lo expresado por el Papa Juan Pablo II: “Sin Verdad no hay Justicia y sin Justicia no hay paz”.
Por PEDRO A. VELAZQUEZ IBARRA Abogado-Defensor de DD.HH