El exjuez correntino fue juzgado y condenado en el marco de la causa conocida como “Operación Sapucay”, que derivó en una serie de procedimientos contra la venta de droga en barrios de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose, a través de escuchas telefónicas y otras evidencias, que la megabanda operaba desde la ciudad correntina de Itatí.
Los hechos ocurrieron entre los años 2014 y 2017, en el «contexto de una asociación criminal con permanencia en el tiempo», sostuvo el fiscal del caso, Carlos Schaefer, quien reveló la enorme capacidad logística que tenía esta organización de abastecer de marihuana proveniente del Paraguay al mercado ilícito de importantes centros urbanos de nuestro país.
Los cruces se hacían por el río Paraná, a la altura de Itatí y se llegaron a transportar hasta 700 kilos de marihuana en viajes que duraban menos de cuatro minutos.
La causa estuvo a cargo del entonces juez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien el 14 de marzo de 2017 ordenó allanamientos, secuestró unos 11 kilos de marihuana y detuvo a 26 de los acusados.
La droga era transportada por vía fluvial desde Paraguay e ingresaba al país a través de Itatí para luego ser distribuida y comercializada en barrios de emergencia porteños y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.
LA CONEXIÓN CORRIENTES
La mayoría de los integrantes de la gavilla fueron condenados en agosto del año 2021, pero faltaban los operadores, cómplices y colaboradores que intervinieron en la provincia de Corrientes, más precisamente desde la Justicia Federal.
En este contexto, el Tribunal Oral Federal de esa provincia condenó al ex juez Soto Dávila a 6 años de cárcel, tras haber sido hallado responsable del delito de cohecho pasivo agravado por su condición de juez en los hechos, en concurso ideal con prevaricato. El ex magistrado también quedó inhabilitado a perpetuidad.
En la misma línea también fueron condenados Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, a 5 y 4 años de prisión, respectivamente, ambos secretarios del Juzgado que por entonces estaba a cargo del condenado Soto Davila. Los dos funcionarios judiciales fueron sentenciados por haber sido partícipes necesarios del delito de cohecho agravado, en concurso ideal con prevaricato. También fueron inhabilitados de por vida.
También fue condenado, pero a dos años de prisión como coautor de cohecho activo agravado en el hecho, el abogado Duylio Horacio Barboza Galeano.
Por otra parte, fueron absueltos de culpa y cargo los abogados Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione y el ex intendente de la ciudad de Empedrado, Juan Manuel Faraone.
Mediante el procedimiento abreviado, fueron condenados Omar Antonio Serial y Jorge Ricardo Vallejos a dos años de prisión en suspenso y Carlos Alberto Bareiro a tres años y ocho meses, en los tres casos por el delito de cohecho.
La sentencia pertenece a los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Alberto Jesús Moreira y Rubén David Oscar Quiñonez.
Los fundamentos de este fallo se darán a conocer en audiencia fijada para el día 16 de agosto de este año a las 12 horas en la sede del mismo Tribunal.
Los otros condenados
En este mismo caso pero hace dos años ya habían sido condenados otros diez integrantes de la misma banda, entre ellos tres exmiembros de fuerzas de seguridad.
Fue en el juicio que tuvo a su cargo el Tribunal Oral Federal 3 de Comodoro Py, donde los jueces impusieron a Jorge Eduardo Espinosa, relacionado con la obtención de la droga en el Paraguay y de su traslado una vez ingresada al país, una pena única de 10 años y 6 meses dado que tenía otra condena previa en Corrientes.
Respecto de los exmiembros de fuerzas de seguridad, el tribunal condenó a Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, quien era comisario de Itatí, a 9 años y 6 meses, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, como «autor» de «comercio agravado de material estupefaciente» y «miembro» de «asociación ilícita».
En todos los casos se tomó como agravantes la «intervención de funcionarios públicos» y el «servirse de menores de edad».
A Rubén Ernesto Ferreyra, subcomisario y subjefe de la Delegación Corrientes de la Policía Federal Argentina (PFA); y a Carlos Víctor López (43), sargento de dicha delegación y quien negociaba directamente con los demás narcotraficantes; les fijaron penas de 9 años para cada uno, más la inhabilitación absoluta por los mismos delitos y grados de responsabilidad que Ocampo Alvarenga.
Por su parte, Ezequiel Arnaldo Saucedo, sobrino de Luis Alberto Saucedo -otro de los supuestos líderes de la banda que será sometido a otro juicio ya que recién fue detenido en 2019-, fue condenado a 8 años y 6 meses bajo la misma calificación que los expolicías.
Para la fiscalía, este joven se encargaba directamente de preparar y hacer los transportes de droga hacia diferentes puntos.
En tanto, Alejandro Ramón Gayoso, acusado de ser el encargado de dirigir los movimientos de la droga desde que ingresaba en Itatí y era distribuida, recibió una pena de 8 años de prisión; al igual que el paraguayo Melanio Mareco Vargas (59), quien trataba directamente con Luis Saucedo para coordinar los envíos del estupefaciente.
Mientras que a Edgardo Javier Coria, a quien se le atribuyó el transporte de más de 500 kilos de marihuana desde Corrientes hacia la provincia de Córdoba, le fijaron una pena única de 7 años y 6 meses.
A su vez, Carlos Luis «Carlín» Romero, quien se cree obtenía información de bandas rivales para sustraerles la droga, para lo cual era asistido por los policías Ferreyra y López, fue condenado a 7 años.