«Estas demandas son una verdadera bisagra cultural en Formosa, porque los vecinos que viven en los barrios construidos por el IPV o en un terreno fiscal que se les adjudicó, comienzan a exigir del gobierno que regularicen legalmente sus casas y entreguen los títulos de propiedad que les permitan tener la seguridad jurídica de sus lugares donde viven y quieren desarrollarse con sus familias» explicó el edil de la oposición.
LÍMITES
Piñeiro cuestionó a los «funcionarios que nos gobiernan y creen estar por sobre la ley abusando de sus facultades discrecionales, quienes a pesar de la obligación de generar las condiciones de seguridad, salubridad y legalidad de los terrenos o viviendas que el Estado ejecuta y administra, manteniendo a miles de familias en la incertidumbre de que va a pasar con sus casas, con el verdadero derecho sobre la propiedad del techo familias. Es nuestro deber ponerles un límite» expresó.
“Y es sobre todo terminar con esta cultura del gobierno de no entregar los títulos de propiedad a la que vinimos a ponerle un punto final” agregó el concejal radical. «Tienen que entender que las leyes están para cumplirlas es su obligación sanear la situación jurídica de las viviendas y terrenos adjudicadas a las familias que aún no entregán los títulos de propiedad» concluyó.