“Queremos conocer los montos asignados a la provincia, la cantidad de productores inscriptos y cómo se han distribuidos individualmente esos fondos provistos por la ley a cada uno de los contribuyentes afectados por estas inclemencias del tiempo”, comentó Buryaile.
En misma línea, Carbajal agregó: “Pedimos saber si se han realizado los controles y los monitoreos del sistema de asistencia para que los recursos asignados hayan sido destinados a los fines de la Emergencia”. Además, recalcó que lo que se pretende con este pedido es “conocer qué medidas y actividades fueron desarrolladas para reducir o impedir la vulnerabilidad y las pérdidas potenciales devenidas de la actual situación de emergencia”.
Cabe recordar que el Gobierno de Formosa, mediante decreto, declaró el estado de Emergencia Agropecuaria, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, para las explotaciones agrícolas de cultivos de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra y para los cultivos de banana, algodón, mandioca, batata y maní afectadas por sequía, en los Departamentos de Formosa, Laishi, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo.
Por ende, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de analizar la situación provincial, recomendó declarar el Estado de Emergencia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca así lo dispuso.
La Ley Nº26.509 de Emergencia Agropecuaria define los alcances del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, detallando los alcances, procedimientos, cómo se financia el sistema y también, los beneficios y beneficiarios incluidos en esta situación particular de vulnerabilidad.
“A los fines del cumplimiento de la ley, el Gobierno Provincial debió remitir a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”, comentó Buryaile. Además, reafirmó: “Por ese motivo, se presenta este pedido de informes a los fines de determinar y esclarecer cómo los Estados nacional y provincial han distribuido los recursos”.
Finalmente, Fernando Carbajal se preguntó: ¿Se han identificado y evaluado las diversas cuestiones sobre el nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, el uso de la tierra, protección actual de sitios más vulnerables? “Exigimos conocer si instituciones bancarias y la AFIP, arbitraron los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos gocen de los beneficios previstos en la ley”, concluyó.
