Este lunes pasado se cumplieron 75 años de la Masacre de Rincón Bomba, una feroz represión a los indios Pilagá de Formosa que se desarrolló durante el gobierno de Juan Domingo Perón y fue ocultada durante décadas.
“La Masacre Pilagá permanece en el desconocimiento del público, no sólo de todo el país, sino también entre los propios formoseños”, dijo a La Nación, el exjuez federal Fernando Carbajal.
Carbajal -actual diputado nacional por Formosa- produjo en 2019 un fallo histórico que calificó a la masacre de “Genocidio”, determinó la “Verdad Histórica” de lo que sucedió en ese paraje y ordenó reparaciones para la comunidad indígena que aún habita la zona Oeste de esa provincia.
Fue el corolario de un largo proceso judicial que arrancó en el año 2005, impulsado por los abogados de asuntos indigenas Julio García y Carlos Díaz, y que luego fue avalado por la Federación de Pueblos Pilagá, que se formó a raíz del proceso judicial.
A lo largo de ese juicio que duró años, a través de testimonios de sobrevivientes de la comunidad Pilagá, los descendientes que hablaron con sus padres y abuelos, y el aporte de documentos desclasificados de Gendarmería, Fuerza Aérea y el Ministerio del Interior, se llegó a determinar lo que sucedió aquél 10 de octubre de 1947.
Fue un día como ese lunes, hace 75 años, cuando comenzó una brutal represión que finalizó 20 días después y dejó como saldo fatal entre 500 y 1.000 indios Pilagá, incluyendo hombres, mujeres y niños.
Estos hechos fueron acallados y constituyen una vergüenza para un peronismo que hace de la Masacre de Trelew o el bombardeo de la Armada a Plaza de Mayo dos grandes símbolos de la persecusión al movimiento obrero.
Incluso para un gobierno peronista como el de Gildo Insfrán, que lleva 27 años en el poder, y que nunca se refirió al tema ni reivindicó a los Pilagá.
Los hechos
Los indios Pilagá son parte de las etnias que habitan lo que en aquél entonces era el Territorio Nacional de Formosa, junto a los wichis y los qom. Los pilagá, que vivían en condiciones muy precarias, solían ir a trabajar a los ingenios azucareros de Salta.
En especial eran mano de obra barata para el ingenio San Martin de Tabacal, de Robustiano Patrón Costas, el ex gobernador de esa provincia. Iban caminando y desandando más de 400 kilómetros atravesando el Oeste de Formosa hasta Salta.
Aquél año se produjo un reclamo por mejoras en condiciones laborables que eran paupérrimas, ya que a los indios les descontaban en concepto de alimentos o alojamiento casi todo lo que percibían.
Como consecuencia de ese reclamo no atendido los pilagá no fueron “conchabados” en 1947 y regresaron a pie hasta a Formosa, donde comenzaron a concentrarse en el paraje conocido como Rincón Bomba, muy cerca de la localidad de Las Lomitas, a unos 300 kilómetros al Oeste de la capital.
“Esa concentración generó todos los temores entre la sociedad blanca”, comentó a La Nación, el exjuez Carbajal.
La Gendarmería empezó a concentrar sus efectivos y fue a dispersar a los pilagá, que se concentraban en un número infrecuente al no poder trabajar ese año en los ingenios azucareros. “Primero los desarmaron, requisaron sus armas, que no eran muchas, palos y machetes”, explicó Carbajal.
Con los indios desarmados, la Gendarmería apostó ametralladoras frente a la concentración y a pesar de que no se habían generado hechos de violencia, el 10 de octubre abrió fuego contra la concentración de indios pilagá indefensos, muchos empezaron a caer abatidos y otros se dispersaron al monte buscando escapar.
Represión feroz
El comandante de la Gendarmería, que se había creado diez años antes y por entonces dependía del Ministerio del Interior, era Emilio Fernández Castellanos. Dicen algunas versiones que Castellanos no quiso abrir fuego, pero fue su segundo quien dio la orden de disparar y ya no hubo vuelta atrás.
Ahí nomás empezó una persecución que duró 20 días, donde los que estudiaron los hechos destacaron la persecución y represión de la Gendarmería, apoyada más tarde por un avión artillado con ametralladoras de la Fuerza Aérea, que persiguió a los sobrevivientes, buscando eliminar a los testigos.
Se trataba de un avión Junkers matrícula T-153 con el nombre de “Misiones” que fue artillado con una ametralladora Colt de 7,53 milimetros. Algunos historiadores indican que ese fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, 35 años antes de Malvinas.
“Hubo una represión salvaje, y violaciones a las mujeres, en el juicio determinamos la violación de un gendarme a una niña, que reconstruimos a partir de testimonios”, explicó Carbajal.
Después de la represión las autoridades silenciaron lo ocurrido en Rincón Bomba, algo que no era tan difícil en un lugar y un momento donde el paraje estaba virtualmente aislado del resto del país. Los diarios ofrecieron una versión oficial muy distante de los hechos que se determinaron en el juicio que tuvo sentencia en 2019.
Pero el horror de la masacre, que se cobró la vida de hombres, mujeres y niños pilagá, quedó en la memoria de los sobrevivientes y se fue pasando de generación en generación, como muchas otras cuestiones en los pueblos originarios.
“A mí me sigue llamando la atención que pese al tiempo que pasa el Estado Nacional y también las provincias siguen sin hacerse cargo de la responsabilidad, estas sentencias reclaman algo, aunque es cierto que desde el punto de vista jurídico no están firmes”, señaló Carbajal.
“Aunque sea el Estado debería haber avanzado en las reparaciones de corte simbólico que contiene la sentencia como incluir la efeméride en el calendario escolar”, detalló el exmagistrado.
“Hubo distintos gobiernos, de distinto signo político, pero siempre el mismo desinterés del Estado por hacerse cargo, por avanzar unilateralmente en reconocimientos de tipo histórico o institucional, esto demuestra que el racismo sigue existiendo y cuesta asumir este tramo de la historia”, indicó. (Fuente La Nación)
