El diputado provincial del Frente Amplio Enrique “Quique” Ramírez reaccionó contra las palabras del senador justicialista José Mayans pidiendo que se detengan las actuaciones judiciales contra Cristina Fernández.
El legislador del PRO preparó un proyecto de declaración que rechaza las afirmaciones del senador formoseño.
“Hay que respetar la Constitución. Ninguna opinión de ninguna persona puede ser sujeta a justamientos y menos la de un legislador nacional porque la Carta magna así lo establece, mientras sus dichos sean con respecto a su función específica. Pero no es menos cierto que el senador Mayans tiene un rol institucional y sus declaraciones públicas hablando de que hay que parar la justicia, de que hay que parar la situación judicial porque se genera violencia no es nada más y nada menos que generar violencia y tratar de generar una desigualdad” sostuvo en la Cámara de Diputados Enrique “Quique” Ramírez.
“Estas expresiones del senador Mayans no son aisladas y no pueden quedar como una simple opinión. Es verdadero avasallamiento a la labor judicial” remarcó.
Qué dice el proyecto de Ramírez
El 4 de septiembre del corriente el senador nacional José Mayans, presidente del bloque oficialista de la Cámara Alta, realizó declaraciones en las cuales expresó que “hay que parar de forma inmediata” la causa conocida públicamente como “Vialidad”, en la cual se encuentra procesada la vicepresidenta de la Nación, entre otras personas, y en la que se solicitara la aplicación de una pena de 12 años de prisión en su contra.
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En dicho marco argumental, expresó que el proceso judicial en el que la vicepresidenta es una de las encartadas “se gestó el germen de la violencia extrema”, de lo que se extrae que el senador colige que el proceso espiralado de violencia creciente es culpa del resultado de una causa judicial con el que no está de acuerdo. No obstante las opiniones de cualquier persona no están sujetas a juzgamiento, más aún las de un legislador en funciones en mérito a lo dispuesto por el art. 68 de nuestra Carta Magna, no es menos cierto que el rol institucional que le cabe al senador exige el mayor de los recaudos y diligencias al momento de realizar declaraciones públicas.
Tal inmunidad de opinión a favor de los legisladores no es óbice ni garantía de impunidad para formular expresiones que puedan atentar justamente contra la forma representativa y republicana de gobierno consagrada por nuestra Constitución Nacional, so pena de operar justamente del modo contrario al que se pretende.
En la causa “Varela Cid”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “si las opiniones vertidas fuera del palacio legislativo se relacionan directamente con la tarea que se está
llevando a cabo dentro de él, el parlamentario goza de la inmunidad conferida por la Constitución Nacional”, agregando que “la opinión extraparlamentaria tiene que haberse producido con motivo y en ejercicio de la función que el legislador detenta” (LL 1999-B198), lo que en rigor en vez de exonerar al senador, lo coloca en una posición aún más gravosa por cuanto su elevado rol institucional exige una mayor responsabilidad en sus expresiones públicas, máxime considerando la incidencia del Senado en la designación y valoración de las conductas de los jueces.
De tal forma, las expresiones del senador Mayans no pueden ser tomadas aisladamente y como simple opinión, en tanto ostentan características de una gravedad inusitada, en un claro avasallamiento de la labor judicial.
Es a esta altura un hecho público y notorio que desde los más diversos entes y funcionarios de todas las jerarquías se han hecho eco de la acusación contra la Vicepresidente de la Nación, haciendo operar a prácticamente toda la estructura estatal como defensor de los intereses particulares de la señora Cristina Elisabet Fernández.
Independientemente de si esto constituye o no una malversación de recursos públicos, sí es elocuente en cuanto a que se ha puesto al Estado al servicio de una persona, en lo que representa un claro ataque hacia otro Poder del Estado, como es el Judicial.
Este avasallamiento e intromisión en la labor de otro poder del Estado es lo que debe movilizarnos para su repudio ya que además de ello, implica una solapada amenaza al orden institucional en tanto se aduce que la continuidad de una causa judicial es la razón de alteración de la paz social.
Ergo, estamos frente a un claro ataque al principio republicano, en una tropelía por parte del senador Mayans.
Sin pretender atribuir al mentado senador la totalidad de las iniciativas que se promueven, sus expresiones son solo una más de todas las que sistemáticamente se instan, con el claro objeto de someter al Poder Judicial a una voluntad partidaria, agravada hoy en tanto pareciera ser que ya no es a favor de un partido político, sino de una sola persona, a riesgo de que su materialización termine por consagrar una especie de reinado. Va de suyo que las causas judiciales deben ser resueltas en ese ámbito, velando por el cumplimiento de las garantías constitucionales de defensa, de debido proceso, del principio de inocencia, entre tantas otras de idéntica raigambre, conjugadas con otras de naturaleza procesal, no obstante no es la opinión pública ni mucho menos la de un funcionario la que pueda condicionar la continuidad de un proceso, como así tampoco la de condenar, absolver o sobreseer a los acusados, soslayando por completo la búsqueda de la verdad, las pruebas existentes o la culpabilidad o inocencia de sus autores, recurriendo casi por costumbre a la figura inexistente y burda del “lawfare”, a la oposición, a los medios de comunicación, empresarios y jueces. Por lo expuesto, en aras de preservación del axioma de que el principio básico de una república es la separación entre los distintos poderes del Estado, para que ninguna de sus ramas pueda asumir el Poder de modo absoluto, para mantener el equilibrio interpoderes necesario, ante esta afrenta institucional nos vemos obligados como legisladores a ratificar nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y el orden democrático.
A la vez, mediante el rechazo que vengo a proponer a las expresiones del senador Mayans, debemos exhortar al oficialismo nacional a seguir los caminos que marca la Constitución, respetar las decisiones judiciales cualesquiera fueran éstas y finalizar los ataques permanentes contra la autonomía del Poder Judicial. Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto.
Por ello:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA D E C L A R A
Artículo 1º.- Su enérgico rechazo a las expresiones emitidas el día 4 de septiembre de 2022 por el Senador José Luis Mayans, exhortando a la interrupción del proceso judicial contra la Vicepresidente Cristina Elisabet Fernández con el supuesto objetivo de recuperar la paz social.
Artículo 2º.- De forma.