El reclamo no sirve si no va acompañado de una propuesta o solución

La ministra de la Comunidad, licenciada Gloria Giménez se quejó ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia porque la jueza de Menores, con aval del Asesor de Menores, ordenó que un menor de 15 años acusado de homicidio quede internado en el Centro de Atención Integral Juvenil, argumentando que allí solo ingresan adolescentes varones de 16 a 18 años y que, por ende, su proceder no se enmarca en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

En su reclamo, la funcionaria le pidió al máximo tribunal de la provincia que revise este tipo de prácticas y que fije lineamientos o pautas para la atención de niños, niñas y adolescentes.

Y para finalizar puso a disposición el Ministerio a su cargo para “crear mesas de trabajo entre los espacios administrativos y judiciales”. La protesta de la funcionaria provincial llegó al STJ a través del Expediente 6148/22 y los ministros de la Corte local no tardaron en dar una respuesta certera, contundente y ajustada a Derecho.

En la Acordada de ayer (punto cuarto) a la que tuvo acceso Noticias Formosa, los ministros del Superior Tribunal hicieron saber a la ministra de la Comunidad, que la medida cuestionada, fue dictada por la jueza competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Y agregan: “Se comparte la iniciativa de analizar y debatir distintas medidas a futuro como se propone desde el Poder Ejecutivo, sobre todo para que la Magistratura sepa con certeza con que herramientas se cuenta desde el Estado para la contención de menores en conflictos con la Ley Penal, sean imputables o inimputables, pero en este caso, el Superior Tribunal de Justicia no debe inmiscuirse por vía de superintendencia sobre una medida judicial ya dictada y que, como la misma funcionaria admite, es provisional”.

En otras palabras, lo que el STJ le dijo a la licenciada Giménez es que el reclamo en sí mismo no sirve si no va acompañado de una propuesta alternativa, sobre todo, cuando la salida o solución a esta vieja problemática referida al alojamiento de menores en conflicto con la ley penal, debe provenir precisamente del Poder Administrador al que ella pertenece y no del Poder Judicial, siendo por este motivo su deber y responsabilidad brindar las respuestas y encontrar una resolución que esté a tono con la legislación que ella misma menciona como argumento de su queja.

Sin entrar en el fondo de la cuestión propone crear mesas de trabajo (¿?) y difiere todo a un acuerdo futuro, cuando a decir verdad esta problemática que no es nueva en nuestra provincia demanda respuestas inmediatas, en términos de infraestructura, logística y recursos humanos, que dependen pura y exclusivamente de quien detenta el Poder Administrador.

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