La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la «jefa de la asociación ilícita», a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Qué dijo el Gobierno
“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad” dijo el comunicado oficial.
Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho.
Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno.
El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas.
Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos.
Finalmente, el presidente Alberto Fernández desea señalar que, desde lo personal, «hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas» y vuelve a transmitir su más profundo afecto y solidaridad a la Vicepresidenta”.
El Fiscal Luciani
Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: «Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza«, dijo.
«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar «orgullosa» del trabajo de la fiscalía.
El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
«Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país«, aseguró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.
Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.
Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron» y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».