Entre muchas cuentas que en la Argentina nunca dejaron de crecer hay una que por estos días ha vuelto a quedar en medio del debate político: se trata de la nómina de empleados públicos. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son en total, pero sí hay un número de los que tienen relación de dependencia directa.
Fue la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien regresó sobre el asunto. “Estamos proponiendo que el congelamiento de personal que tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado”, dijo cuando esbozó el ideario con el que impulsaría su gestión. Finalmente, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que dispuso el congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, los estados, no sólo el Nacional, se las han ingeniado para sumar empleados públicos de a millones, pese a las prohibiciones que estuvieron vigentes desde 1999.
La cifra dura indica que en 2000, cuando empezó el siglo, entre empleados municipales, provinciales y nacionales, prestaban servicio para los diferentes niveles del Estado 2,193 millones de personas. Esa cifra llega actualmente a 3,899 millones. Dicho de otra forma, como para ser más concretos: el número del empleo público creció 78% en lo que va del siglo, según datos aportados por Nuria Susmel, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), elaborados en base a publicaciones oficiales del Ministerio de Economía.
Si el recorte se hace desde que, con el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, se desató el fanatismo por el empleo público, el número inicial pasa de 2,207 millones a los actuales 3,899 millones, lo que significa un crecimiento del 77%. Pero está claro que fue la actual vicepresidenta la que abrió sin tapujos las puertas de la estructura estatal: en sus dos gestiones se sumaron un millón de trabajadores a la planta, lo que representa un aumento del 37%.
¿Qué pasó en los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri? La plantilla de los tres niveles de empleados públicos pasó de 3,661 millones a 3,844, es decir, reportó una expansión de 5,5%, algo así como 183.000 empleados en cuatro años: lejos, muy lejos de los 500.000 por presidencia que sumó Cristina Kirchner.
Cifras exponenciales
Ahora bien, estos números, que son todos oficiales y publicados por el Ministerio de Economía, no merecen demasiada explicación: son expansivos por donde se los mire. Sin embargo, si el zoom se hace en la administración pública nacional, es decir en los ministerios y en algunos entes descentralizados, el fenómeno es aún más impactante.
En 2003, el Ministerio de Economía, bajo la dirección del entonces ministro Roberto Lavagna, publicó el Boletín Fiscal. En la página 24 de un documento de 86 se estampó un dato que ilustra la expansión. Pasado el segundo semestre, es decir a un mes de asumido Néstor Kirchner, la administración pública tenía 240.553 empleados, mientras que otros entes del sector público no financiero sumaban 18.971.
El tiempo pasó y transcurrieron tres mandatos kirchneristas. En diciembre de 2015, la planta de 240.553 era ya de 381.424 –significa un aumento de 58,56%–, y aquellos dependientes de los otros entes ya eran 22.826 (20,32%). Hay más. Las estatizaciones y los amigos llevaron a las sociedades del Estado a reportar 30.076 empleados a fines de la presidencia de Cristina Kirchner. Pero eso no es todo. Una nota metodológica indica que no estaban incluidos los empleados del Correo Argentino (15.000), ni los de Arsat, Enarsa, Aysa (7000) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (2000). Si finalmente se sumasen todos estos empleos, el total exhibe un resultado contundente: la planta creció un 79,98%.
La paradoja de esta situación es que esta expansión se dio en momentos en los que el ingreso a la administración pública estaba congelado. Se podría decir que la política es ingeniosa para traspasar los muros o para burlar los controles.
Justamente, fue Batakis quien ha vuelto a traer el tema al ojo del debate. El Presidente le dio forma con un decreto. Si su intención podrá o no ser acompañada por el kirchnerismo duro, que ha hecho del trabajo en el Estado un dogma, es una incógnita. El ingenio siempre estuvo presente a la hora de encontrar caminos para apartarse de la norma que congelaba la planta. Desde monotributos hasta acuerdos con universidades, todo sirvió para burlar la prohibición.
Por lo pronto, la semana pasada, en el Boletín Oficial se publicaron varios llamados a concurso para cubrir, entre otros, 606 cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, 173 en el de Turismo, 497 en la Secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, 87 en el Conicet y 381 puestos en la cartera de Economía, convocatoria esta última que había sido habilitada por el propio Martín Guzmán pocos días antes de renunciar. Luego hubo otra convocatoria para pasar a planta permanente 43 cargos para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, 153 puestos en Cultura y 120 adicionales en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todo parece un contrasentido, pero tiene una explicación.
Así lo evalúa Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública del Cippec: “Esto es un pequeño avance porque es necesario empezar a regularizar una planta que hace años está contratada en forma irregular. Que se hagan concursos y se confeccione un orden de mérito es un avance”.
Aquellos llamados son parte del Plan de Regularización del Empleo Público que fue puesto en marcha el año pasado por el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “En esta primera etapa se está regularizando de una manera totalmente transparente la situación de personas que fueron contratadas hace más de diez años en la administración pública en forma transitoria”, dijo en ese momento Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público.
Ahora bien, ese concurso, que es declamado como transparente y abierto, tiene una trampa. Sucede que solo podrán participar quienes ya estén contratados en el Estado. Es decir, muchos de los que ingresaron a la administración pública en la enorme expansión de cargos que se hizo en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner ahora podrán presentarse a rendir. Para el resto de los argentinos que busca trabajo, la posibilidad está vedada.
“Es verdad, es un concurso cerrado”, reconoce Diéguez, pero argumenta que la situación actual, de contratos irregulares, debe emprolijarse. “Este universo que ahora se trata de pasar a planta permanente es, mayoritariamente, el que ingresó durante los gobiernos de Cristina Kirchner –explica–. Las cifras de la expansión del empleo público en esos mandatos son elocuentes. Luego, Mauricio Macri mantuvo y hasta achicó la planta. Y finalmente, pese a lo que se cree, Alberto Fernández ha mantenido un crecimiento muy bajo”, afirma.
A caballo de las crisis
La observación no es menor. Sucede que la Argentina de las crisis recurrentes ha generado un sector privado asalariado cada vez más flaco. Si se toman los datos de FIEL elaborados sobre el SIPA (es una base de datos pública y estatal que registra los ingresos al sistema previsional), surge que en 2012 estaban inscriptos 6,663 millones de asalariados formales privados contra 3,315 millones del sector público. El dato de 10 años después muestra la dinámica del mercado laboral: los privados pasaron a 6,649 millones (14.000 menos) y los estatales a 3,970 millones (655.000 más).
Hace poco menos de un año, un estudio del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (Cecap) de la Universidad Austral reveló que el Estado es el sector preferido por los argentinos para trabajar. “A la hora de elegir entre un empleo público y uno privado en igualdad de condiciones, el 62% de los encuestados optó por el público, mientras que el 34% optaría por el empleo privado. Es decir, 6 de cada 10 argentinos prefieren trabajar en el Estado.
¿Qué pasaría ahora si se repitiese el trabajo?, se preguntó a Juan Pablo Cannata y a Máximo Reina, dos de los autores del documento. “Cuando más crisis aparece, aumenta la valoración del Estado como hipótesis de empleo. Se valora más el ámbito público ya que es el único que se considera que tiene estabilidad”, plantea Cannata.
Reina coincide: “La palabra Estado se asocia a la estabilidad. Y en un país inestable, eso es un atributo. Otra de las características tiene que ver con las franjas etarias; han cambiado. Antes los jóvenes apostaban por un sector privado más dinámico y con más proyección. Hoy, entran a la adultez con una percepción de que el Estado es más estable y tienen una mejor percepción que la que tienen sobre el mundo privado”.
Ambos investigadores trabajan en un documento académico sobre el empleo público. Cuentan que han detectado, mediante focus group, que se generalizó la idea de que si alguien logra entrar al Estado y tener cierto tipo de contrato, no será desplazado de ese lugar. Nunca. “Eso es una especie de privilegio desde el punto de vista laboral. Se tiene claro que hay lugares donde si entrás, no te saca nadie. Ahora bien, solo discutimos cuando se abre y se cierra la puerta para ingresar, pero no que vivimos en un Estado que genera relaciones laborales de privilegio con cierta población”, resume Reina. Cannata dice que cuando se habla de congelamiento, solo se refiere a la administración nacional: “Los principales empleadores públicos son las provincias. Se recepta la necesidad de congelar, pero es posible que en los hechos no pase demasiado. Hay 15 maneras distintas que tienen los Estados para nombrar gente.”
En 2017, los gobernadores y el gobierno nacional firmaron el Consenso Fiscal e incorporaron a una ley de 2004, el Régimen de Responsabilidad Fiscal, el artículo 10 quáter. “El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el Sector Público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Indec para cada jurisdicción”, consignaba aquel artículo. El 21 de diciembre de 2019, a días de asumir el presidente Fernández, se firmó un nuevo pacto y aquella cláusula se tornó decorativa.
Un debate eterno
El debate sobre el empleo público no termina jamás. Cannata dice que cuando la gente reclama más y mejor salud, educación o seguridad, eso es empleo público. “Lo que sucede es que siempre se lo asocia al empleado administrativo ineficiente. Si hiciéramos una encuesta sobre si la gente quiere más médicos en los hospitales o más docentes, diría que sí. Pero si preguntamos si quieren más empleados en el Congreso, habría una enorme oposición. Eso es por la percepción que hay y por el nivel de servicios que ofrecen unos u otros”, ilustra.
El congelamiento de Fernández empezó como un hielo atacado por el recalentamiento de la administración pública. Mientras se dice basta de ingresos hay concursos para 11.000 cargos. Claro que, como se explicó, es para los que ya están en el Estado. “En los gobiernos de Cristina hubo apenas 11 concursos: 8 para el Conicet y 3 para el Ministerio de Trabajo. En el de Macri, entre 35 y 40″, compara Diéguez.
La carrera administrativa, a su vez, tiene un techo muy cerca de la base. Sucede que los cargos de directores o coordinadores, que son los más altos en el escalafón de los estatales, se cubren por políticos y no por técnicos. “Desde hace mucho, hay un sesgo a incorporar funcionarios por confianza y no por méritos”, continúa Diéguez.
Pero parece que esto no impacta en las expectativas de los trabajadores y del mercado laboral, que mayoritariamente aspira a ser parte de cualquier nivel de las administraciones, de las agencias o de las empresas públicas. Todo indica que el propósito mayoritario es permanecer y luego, si se puede, crecer. La estabilidad es un activo en una economía maltrecha y el Estado es el único que la asegura.