Estas audiencias pretenden ser una instancia fundamental para que la Defensoría se nutra de las propuestas, experiencias y miradas de las audiencias sobre el funcionamiento de los medios.
“Participé intentando problematizar y aportar desde nuestra actividad en Formosa sobre la concentración de pautas oficiales bajo el poder político, la falta de acceso a la información pública, la imposibilidad de participar de conferencias oficiales, la constante persecución judicial mediante causas armadas que constituyen una transgresión constante a los derechos humanos de la comunicación en el orden jurídico internacional plasmado en antecedentes jurisprudenciales” dijo la periodista Julieta González que participó el encuentro.
“Sin embargo, una participación agresiva, absolutamente montada y alejada de la realidad por el Defensor del pueblo, Leonardo Gialluca, donde arremetió contra el periodismo independiente negando todo tipo de censura, minimizando las denuncias tachándolas de ‘libertinaje’ y ‘partidarios’ hicieron que mi participación esté abocada a responderle a este funcionario y a exponer con casos puntuales la persecución y la censura que vivimos en Formosa” expresó.
“No se les puede escapar que hace muchos años que Formosa es uno de los sistemas mas rígidos del autoritarismo, que no solo menos respeta la libertad de expresión sino que la transgrede aplicando el más grave régimen de censura y persecución a quienes piensan distinto. Y me voy a detener en casos puntuales porque si los periodistas no podemos trabajar libremente y no tenemos la garantía constitucional de hacerlo en regímenes feudales autoritarios poco menos podemos esperar el respeto a la defensa de los derechos humanos de la comunicación” afirmó.
“Y aunque lo quiera ocultar el defensor del pueblo, esta denuncia que no es de ahora, ni de los últimos tiempos de pandemia, porque por lo menos desde el año 2010, varios hechos de atentados contra la libertad de prensa ponían a Formosa en los ojos de organismos de derechos humanos y en opinión pública de todo el país. Cuando en el 2015 estalló en los medios de comunicación en todo el país el sofisticado servicio de espionaje ilegal del Gobernador Gildo Insfrán, a partir de más de 4 mil de correos electrónicos, filtrados desde la policía provincial, que desnudaban la existencia de una extensa red de espionaje ilegal con la que se vigila y persigue a las comunidades originarias, políticos, comerciantes y a periodistas con ostensible pensamiento distinto” sostuvo.
“Tampoco puedo dejar de mencionar uno de los atentados más peligrosos y graves en materia judicial contra la libertad de expresión en el que incurrió la provincia en el año 2013, cuando condenaba a periodistas de radio, obligándolos a pagar una suma millonaria al gobernador Gildo Insfrán, por no haber objetado una afirmación pronunciada por un oyente anónimo que salió al aire opinando sobre el gobernador. Los condenaron a pagar 2 millones de pesos por no objetar la afirmacion de un oyente. Sin mencionar el hostigamiento público y la persecución a los que han sometido a los colegas Gabriel Hernández, Julián González, por parte de funcionarios que se empeñaron en utilizar los medios oficiales para intentar que perdieran credibilidad y cuestionaran su honor” indicó.
“Lo que el defensor llama libertinaje comunicacional, es en realidad una Formosa los periodistas que pensamos distinto no solamente somos censurados constantenmente. Los periodistas que no reproducimos el relato oficial o que queremos llevar otros interrogantes a los funcionarios de gobierno, no somos invitados a las conferencias de prensa de los actos de gobierno, no recibimos tenemos acceso a la información pública y en lo personal, en más de una oportunidad me han negado el ingreso a las conferencias” agregó.
“En Formosa si emitimos una opinión que cuestiona al gobierno nos persiguen con la policía, somos calumniados y denunciados por causas armadas, esto último no le extrañará al Defensor del pueblo que nos denunció por cuestionar las decisiones que se tomaban en pandemia y la violencia institucional de la policía, en aquella cacería de comunicadores en la que emprendió cuando buscaba que le renueven el cargo” dijo.
“Durante la pandemia y aun siendo personal esencial acreditada, me han iniciado más de 6 contravenciones por trabajar, fui buscada en dos oportunidades por la fuerza pública. Además de las causas penales que nos inició el defensor del pueblo, y las que recibí tras mi violenta detención cuando cubría un reclamo popular que terminó con una brutal represión el famoso ‘5 de marzo’ cuando estaba filmando como 10 policías golpeaban a menores. En ese momento me tomaron del cuello y permanecí de rodillas hasta que me metieron a un patrullero policial. Estuve detenida por mas de 10 horas en una celda al lado de otros delincuentes hombres, hostigada constantemente por comisarios y obligada a que entregara mi teléfono celular” contó.
“Todas estas pesan en mi antecedente judicial, corro el riesgo inminente de perder la libertad por alguna condena que intente ser ejemplar para quienes se atrevan a pensar distinto. Mi testimonio en esta audiencia es porque espero que de acá salgan los lineamientos que le pongan un freno al poder político contra la libertad de expresión, y aunque no tengamos miedo necesitamos protección para poder trabajar con libertad para poder avanzar en otros derechos. Necesitamos saber que en algún lado de esta república, la constitución se cumple”.
“Porque si lo logran, y en un futuro nos silencian, no solo matarían la verdad, atentarian contra la libertad de prensa. Y quien atentan contra la libertad de prensa atenta contra la democracia” dijo por último.