Dice el fallo que “luego de analizar pormenorizadamente las pruebas colectadas por la prevención y aquellas incorporadas a través de la instrucción, no surge evidente la comisión ni responsabilidad de los acusados en los delitos de atentado contra la autoridad agravado y amenazas” del hecho ocurrido en el hipermercado de la ciudad.
PERSONAL NO CAPACITADO
“El elemento probatorio adquiere mayor relevancia, pues el procedimiento de fiscalización se refería a mercaderías vencidas o en curso de vencimiento, y no sabemos a ciencia cierta si el personal interviniente estaba capacitado como para establecer sin hesitaciones la aptitud o no (para la venta) de la mercaderia que fuera denunciada como ya vencida. Por otra parte, no se puede inferir ante el curso de la fiscalización una conducta tal en los acusados, que lleve a responsabilizar a los mismos de un atentado contra la autoridad y amenazas.
Si bien los denunciantes coinciden en sus declaraciones que fueron amenazados, la entidad de «las amenazas debe ser idónea como para coartar el curso de acción de los damnificados, circunstancia no verificada, puesto que los fiscalizadores siguieron con sus labores, citaron al personal de Bromatología y posteriormente fueron a radicar denuncia». Es decir que los dichos amenazantes no tuvieron el efecto que la ley exige como presupuesto para su validez.
“Si bien, la oposición al decomiso de la mercadería pudiera configurar el delito de resistencia a la autoridad, en el caso de marras, la autoridad de los fiscalizadores está desdibujada, puesto que el organismo de control de mercaderías no acreditó la idoneidad de los mismos en las labores asignadas, pese a haber sido demandado por el suscripto mediante el pedido de informe” señala la justicia formoseña.