En los inicios de la pandemia, se determinó que el Covid 19 debía ser una enfermedad profesional debido a que la mayor cantidad de contagios se producían justamente en los lugares de trabajo, sobre todo en los establecimientos que eran y son considerados esenciales.
En la actualidad, las autoridades entienden que ya no es así, sino que casi la totalidad de los contagios se producen en ámbitos sociales y no en los lugares de trabajo. De hecho, estos últimos y de acuerdo a los protocolos vigentes, son considerados como puntos seguros.
Si bien desde varios sindicatos se manifestaron totalmente en contra de esta medida, desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) expresaron que la cobertura al trabajador está totalmente contemplada y asegurada, aunque será éste el que deberá probar en comisión médica que no se contagió en reuniones sociales, por ejemplo.
El principal problema está en que al querer realizar ese trámite, se encuentra con un ‘mar’ de burocracias, lo que directamente desalienta el reclamo ante el organismo antes mencionado.
Ante eso, sí expresaron que están trabajando junto a cámaras empresarias y aseguradoras, a los fines de establecer cuáles van a ser los protocolos más eficientes y ágiles, para que un trabajador que resulte contagiado pueda tener cobertura.
Sin lugar a dudas que se están dando importantes cambios en el sistema de salud, muchos de ellos que hacen parecer que de a poco comienza a finalizar la pandemia del coronavirus, como la medida que la SRT tomó con respecto a las coberturas de las ART con trabajadores que contraen el virus.
Por esto es que los especialistas dan consejos varios a la hora de elegir una obra social a los interesados, porque muchas prestaciones que antes estaban cubiertas, ahora no lo están o se dan respuestas de una manera totalmente distinta a cómo era antes.
De hecho, otra situación que ocurrió en los últimos días, que trajo problemas a las obras sociales en cuanto a su financiamiento y que puede afectar en el corto plazo a las respuestas que pueden darle a sus afiliados, es lo relativo al desembolso que el Gobierno tenía que realizar por prestaciones médicas extraordinarias por parte de las
estas instituciones.
Dicho desembolso de dinero no se realizó (cercano a $5 millones de pesos), por lo que los directivos de las obras sociales entienden que pueden entrar en “default”.
El sistema de salud está cambiando a pasos agigantados sin lugar a dudas, por lo que se espera que en los próximos meses haya algunas definiciones importantes, principalmente en cuanto a las obras sociales sindicales, que expresan que durante la pandemia tuvieron serias dificultades de financiamiento, sobre todo por la falta de
aportes.