La denuncia hacia Insfrán y varios de sus funcionarios se hizo el mismo 5 de marzo de este año, y luego tuvo cuatro ampliaciones más en el transcurso de los meses. El escrito presentado al juez federal denunciaba al Gobernador, el ministro de Gobierno y al jefe de la Policía de Formosa, además de individualizar a cinco agentes de la fuerza provincial, entre los que estuvo el jefe de la comisaría Tercera de la capital.
Las posteriores ampliaciones a esa denuncia fueron, por ejemplo, por la situación de los gases lacrimógenos que estaban vencidos, y por las detenciones que hubo ese día.
Pasaron ocho largos meses sin ningún avance en el fuero federal sobre la denuncia a los funcionarios provinciales, en un proceso que dirigió el juez federal Pablo Morán. Por los hechos, hubo indagatorias al joven libertario Agustín Rojas, Maximiliano Galarza, el ahora electo concejal Marcelo Ocampo entre otros, que en principio fueron denunciados por el gobierno, pero en la denuncia hacia el gobernador Insfrán, estas mismas personas figuran como víctimas de los atropellos policiales.
Con una resolución, firmada el 25 de noviembre pasado, el juez Pablo Morán declaró la incompetencia de la justicia federal para entender en el incidente, y remitió toda la causa al juzgado de instrucción y correccional de turno en la Justicia provincial.
Según confirmó el abogado Juan Sebastián Montoya, uno de los letrados impulsores de la denuncia al Gobernador por los incidentes del 5 de marzo, está estudiando apelar la decisión del juez Morán, a fin de intentar que la causa permanezca en el fuero federal.
Desde la defensa de Rojas, Galarza y Ocampo, aseguran tener pruebas y documentación que acredita que ellos fueron víctimas del accionar policial durante los incidentes del 5 de marzo, lejos de la mirada oficial que los inculpa de delitos como una suerte de “incitadores” de la violencia durante los enfrentamientos ese día.
Mire aquí la resolución del juez federal Pablo Morán:}
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