Toda esta serie de avasallamientos sobre derechos constitucionales fue posible gracias a un estado que se valió de la policía para armar causas y tener, de esta manera, a la población bajo control.
Lo más grave de esta situación es que, en decenas de esas actuaciones, se utilizaron testigos profesionales. Son personas a las que la policía contacta directamente -las hace pasar como transeúntes ocasionales- y las hace para firmar las actas sin haber presenciado los procedimientos.
Con esta metodología, las fuerzas de seguridad de Formosa podrían -eventualmente- inventar que una determinada persona cometió un delito, escribir el acta en la comisaría sin la presencia del presunto acusado, llamar a estos testigos para firmarla sin ningún tipo de requerimiento extra y así de simple, armarle una causa a alguien. FUENTE: TN
DENUNCIAN AL GOBIERNO POR VIOLACIÓN DE LA LEY 24.059 DE SEGURIDAD INTERIOR Y DE LA LEY 25.520 DE INTELIGENCIA NACIONAL
Los abogados Gabriel y Martín Hernández denunciaron «a los funcionarios policiales del Gobierno de la Provincia de Formosa que realizaron tareas de inteligencia ilegal
reprimidas por el art. 43 ter de la Ley 25.520 (modificada por la Ley 27.126), que sanciona con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por doble tiempo,
a “todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520” (Artículo incorporado por art.
23 de la Ley N° 27.126 B.O. 05/03/2015)
