Un joven de la localidad de Mayor Edmundo Villafañe que fue sorprendido por la Policía en inmediaciones a una escuela de la localidad, estaba fumando marihuana y tenía en su poder dos cigarrillos caseros de la sustancia alucinógena, comúnmente conocidos como “porros”.
Una serie de desaciertos institucionales hizo que a pesar de que tenía muchas condiciones previstas en la ley que lo eximen de ciertas responsabilidades penales, de todos modos se lo trató como una suerte de “dealer”, cuando solamente era un simple “consumidor”.
El abogado Juan Sebastián Montoya lo representó ante las diversas instancias judiciales que recorrió el caso, logró por intermedio de un recurso de Casación del que se expidió el máximo tribunal provincial, que se declare la nulidad de su sentencia y se lo absuelva del delito que se le imputaba “Entrega de Estupefacientes Agravada”.
“Mi cliente no tenía antecedentes. Hicieron todo mal, cuando fuimos a juicio, planteé la nulidad porque habían falsificado las actas de prevención de la Policía, sin embargo lo condenan a un año de prisión y sale libre porque queda compurgada la pena. Pero después en la Sentencia reconocen que estaba mal el procedimiento judicial y ordenan extraer testimonios para investigar a los policías que hicieron la investigación y las actuaciones policiales” dijo Montoya.
“Ahí fue que hice el planteo de un Recurso de Casación, que me lo deniega la Cámara 1°, porque iba a quedar en evidencia esta irregularidad” precisó el abogado.
“Planteo una queja, y va todo al Superior Tribunal de Justicia, y el tribunal anula la sentencia y lo absuelve. Es un muy buen precedente para las causas de narcomenudeo” significó.
“En el medio hay una cuestión muy irregular, hay muchas denuncias a la Delegación de Drogas Peligrosas de El Colorado, que actúa en El Colorado, en Villafañe, en donde hay unos agentes que plantan droga y básicamente meten en cana a todos los pendejos consumidores, van uno o dos años en prisión, y están todos mal hechos los procedimientos porque les plantan droga” explicó.
El caso plantea serias irregularidades tanto a nivel de la investigación policial, como de los juzgados menores que intervinieron en la parte judicial del suceso. Ahora, el fiscal de primera instancia está obligado a investigar la conducta de los policías involucrados, que a simple vista parece que les generan múltiples causas a consumidores de marihuana, para tener un legajo de “golpes contra el narcomenudeo” que no son tales, quizás con la intención de sumar buena puntuación para eventuales ascensos.
El otro aspecto relevante es que la causa primero pasó por un juez de primera instancia, en este caso hay uno solo que abarca narcomenudeo, y luego pasó a un tribunal colegiado, la Excelentísima Cámara Primera en lo Criminal, integrada por los camaristas Lilian Isabel Fernández, Ramón Alberto Sala y María Laura Taboada, que tampoco aplicaron el sentido común en las irregularidades que llegaron a su estudio. Solamente el Superior Tribunal de Justicia logró darle un sentido correcto al devenir procesal y judicial que hasta ese momento era, como mínimo, bochornoso. Anuló la sentencia de la Cámara criminal, absolvió al acusado y sentó jurisprudencia.