La Cámara Federal de Apelaciones de Chaco hizo lugar a la apelación de un fallo de primera instancia y con ello dio curso al hábeas corpus en relación a grupos familiares de personal esencial que interpusieron el recurso ante la Justicia Federal para que se los exima de abonar el arancel del costo de los hisopados de control PCR para ingresantes al territorio provincial.
El nuevo revés judicial en el ámbito federal hace tambalear las decisiones en materia sanitaria que viene implementando el gobierno de Formosa, ya que los camaristas Rocío Alcalá y Enrique Bosch primero rechazaron “in limine” la recusación que interpuso la Fiscalía de Estado de Formosa, que insiste en que el fuero federal no es competente para entender en este tipo de planteos.
A partir de haber dado lugar al Hábeas Corpus, la Cámara Federal ordenó a la provincia de Formosa permita el ingreso de las personas individualizadas en el marco de la acción, eximiéndolas del pago del arancel impuesto, debiendo las mismas presentar ante las autoridades de aplicación un test PCR negativo a covid-19 que no exceda de las 72 horas previas expedido por profesionales u organismos debidamente autorizados al efecto, sin perjuicio de dar cumplimiento con los demás requisitos establecidos en el protocolo involucrado, dice la sentencia.
Además, se estableció que “lo dicho deberá ser implementado a la mayor inmediatez y sin perjuicio de las vías recursivas pertinentes habida cuenta la naturaleza de la cuestión involucrada”.
El punto 4° del fallo añade “hacer saber que en el caso de que las autoridades estimen pertinente la realización del test de control en los puestos sanitarios habilitados al efecto, se deberá garantizar la gratuidad de tal medida en relación a los accionantes”.
Por último, la justicia federal exhortó al Gobierno de Formosa “a modificar a la mayor brevedad el protocolo de ingreso a la provincia de Formosa con los alcances expresados a lo largo de los considerandos del presente decisorio, a fin de evitar situaciones atentatorias de garantías constitucionales y convencionales como las aquí evidenciadas”.
“Junto a la Dra. Gabriela Neme conseguimos un fallo contundente que beneficia los formoseños, a la familia, a los esenciales, a las fuerzas de seguridad. Grupos familiares de los esenciales no deben pagar los $ 5.000. Niños Niñas y adolescentes tampoco deben pagar los $ 5.000. Además ordena al gobierno de Formosa, que a la brevedad modifique su protocolo de ingreso por ser desproporcional e irrazonable, y lo exhorta a la gratuidad de los test rápidos” sostuvo al respecto Daniel Suizer, uno de los letrados impulsores.
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