De acuerdo con un informe realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad, la tasa de letalidad de las personas con discapacidad, que tienen el certificado único de discapacidad, es del 7%, que significa aproximadamente el triple que el registrado en la población en general, que es del 2,2%, y este dato aumenta en el caso de las personas con discapacidad que viven en instituciones y evidencian elevado grado de dependencia física y emocional, y también en el caso de las personas con síndrome de down que fueron hospitalizadas con Covid-19, a partir de los 40 años.
“Al principio de la pandemia, las personas con Certificado Único de Discapacidad fueron incluidas como Grupos de Riesgo en la resolución 627/20 que se emitió en marzo del año pasado, pero luego en diciembre de ese mismo año no fueron incluidos entre los grupos prioritarios para integrar el universo de personas para acceder a una vacuna que los proteja” dijo Montoya.
Ya existen “varias provincias que avanzaron en la inclusión como prioritarios, Corrientes por ejemplo habilitó en su página oficial del gobierno la inscripción para vacunarse, y en un primer llamado están habilitados para hacerlo las personas de 18 a 54 años con parálisis cerebral, cuadriplejia espástica o flácida, autismo, síndrome de down, esquizofrenia, psicosis y retraso mental moderado o grave, y abarca también a las personas con EPOC severo con insuficiencia respiratoria crónica y asma severa con insuficiencia respiratoria. También Neuquén, Chaco y Mendoza avanzaron en reglamentaciones similares” comparó.
“En la situación que estamos atravesando, cuando las vacunas son un recurso escaso tenemos la obligación ética de establecer prioridades con información estadística pero sobre todo con criterios de humanidad y solidaridad” significó.
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