En una nota elevada al gobernador Gildo Insfrán, el gremio estatal expuso la “muy difícil situación económica y social” que padecen los trabajadores del sector público y destacó “la necesidad de contener el reclamo social”.
Puntualizó que los ingresos mensuales “han quedado absolutamente muy por debajo de la inflación acumulada de los últimos años, todo ello agudizado porque los últimos aumentos salariales resultaron insuficientes para garantizar un ingreso salarial digno”.
Tras mencionar los “múltiples requerimientos” de la familia estatal formoseña, la delegación local de ATE aseguró que “nos sentimos discriminados respecto de los aumentos salariales otorgados en otras jurisdicciones”.
Fundado en un informe sobre “El avance de la situación financiera de la Provincia de Formosa”, el sindicato señaló que “el gasto en personal tuvo una retracción significativa en los últimos años, obviamente en perjuicio de la calidad de vida del trabajador estatal en general”.
“Si solo se hubiera destinado el 50 por ciento del superávit financiero de 2020 a la masa salarial, se hubiera reactivado el consumo local”, asegura ATE en su misiva al primer mandatario.
Agrega que el “proceso de retraimiento salarial acumulado de los años 2018/19, nos muestra fuertes recortes al gasto en personal en Formosa estimados en 7.221 millones de pesos, con lo cual, comparativamente, se habría producido un recorte salarial mucho mayor que el recorte salarial que en las demás provincias del NEA, que nos impactó de manera negativa y directamente sobre las espaldas escuálidas del trabajador estatal provincial y municipal”.
Siempre en términos comparativos, el sindicato entiende que la retracción de los haberes estatales en nuestra provincia “profundizó el proceso de empobrecimiento colectivo de los formoseños, porque en términos comparativos con las provincias del Chaco, Corrientes y Misiones, el recorte salarial de Formosa fue mucho más grande que en esas provincias del NEA”.
Tras describir este cuadro al gobernador Gildo Insfrán, a quien considera “un buen conocedor de la realidad provincial”, ATE, preocupada por las consecuencias sociales que “ya saltan a la vista”, pidió al gobierno “se analice de manera urgente la necesidad de incrementar los salarios provinciales con un piso del 40 por ciento hasta el mes de julio y, oportunamente, se examine un eventual y nuevo reajuste salarial para el segundo semestre del año, todo ello tomando en consideración los nuevos datos de un proceso inflacionario que siempre perjudicó a los asalariados en general, afectando indirectamente a toda la población”.
“Un sustancial incremento salarial contribuirá decididamente a recuperar el consumo popular y la reactivación de nuestra economía local”, confía el Consejo Directivo, el que por otra parte hizo hincapié en la situación más angustiosa aun que viven aquellos empleados municipales que perciben salarios “por debajo de la línea de indigencia”.
Asimismo, en el marco de lucha contra la inflación y el alza desmedida del costo de vida, reclamó “una real y fuerte campaña de control de precios, teniendo en cuenta que los formadores hacen caso omiso a todos los acuerdos firmados con el gobierno nacional y/o provincial, afectando directamente la mesa de los trabajadores y el esfuerzo financiero del Estado”.
Finalmente, ATE instó al gobierno provincial “a conformar de una vez por todas el Consejo Económico Social previsto por la Constitución provincial”, recordando que el gobierno nacional acaba de hacer lo propio reuniendo a todos los sectores involucrados en el desarrollo, progreso y distribución de los bienes y servicios.
“Este consejo provincial nos permitirá a sindicatos, empresarios de los distintos rubros, organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno establecer por consenso pautas claras sobre el desarrollo más equitativo de nuestra economía, garantizando niveles de dignidad aceptables para los sectores trabajadores y populares de nuestra sociedad”, concluyó ATE.
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