Sólo un tercio de las personas varadas en el país lograron ingresar a Formosa dentro del plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que ordenó a las autoridades provinciales permitir el acceso de alrededor de 8500 ciudadanos, denunció hoy la organización Amnistía Internacional.
Frente a eso, la ONG reclamó que la provincia al mando de Gildo Insfrán cumpla con la decisión de la Corte y respete los derechos humanos, publicó el portal Infobae.
Es que muchas de las personas que querían ingresar no pueden hacerlo porque no tienen el dinero para afrontar los gastos del test PCR o el alojamiento que les exige la provincia, por ejemplo. Pero además, se resaltó, “la Provincia negó el ingreso de 48 personas por presentar un PCR positivo, dejando a la deriva a quienes podrían requerir atención médica”.
Durante los últimos meses de la pandemia crecieron los cuestionamientos a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y a las autoridades de su gobierno que rechazaron el retorno de miles de formoseños que quedaron varados en otras provincias luego de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.
Muchos debieron dormir en la ruta e incluso quedaron a la intemperie en otras provincias por la falta de recursos para retornar y por no tener la certeza de que allí la Policía de Formosa los dejaría ingresar.
Cuando fueron a la Justicia y obtuvieron amparos, el juez federal subrogante Fernando Carbajal fue acusado por el gobierno provincial de “desestabilizar el sistema sanitario”. El 5 de diciembre, al dejar ese cargo, el juez se fue aplaudido.
Ahora, a un mes del fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado provincial a habilitar el ingreso de los formoseños que reclamaban volver a sus casas, Amnistía Internacional aseguró que -según informó el gobierno al Máximo Tribunal-, hasta el 14 de diciembre sólo ingresaron 2774 personas, otras 500 habrían desistido de entrar y 3980 habrían “rechazado” la propuesta de ingreso.
Sin embargo, los motivos que invocan dichas personas explican su imposibilidad de ingreso en las condiciones requeridas por la provincia. Allí se destacan como variantes a no poder ingresar “la imposibilidad económica de afrontar los gastos del test PCR y/o el alojamiento que exige la Provincia; el escaso tiempo entre la fecha indicada para el ingreso y la posibilidad material de lograr la realización el test o llegar a la Provincia; las dificultades para conseguir medios de transporte para llegar a Formosa; y la falta de alternativas a la cuarentena obligatoria en los centros de aislamiento dispuestos por la provincia para ingresar”.
Justamente, la Corte Suprema había llamado a la Provincia a reformular el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado por entender que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos ya sea por la demora que se produce para concretar el ingreso, como por delegar en la capacidad económica de las personas la posibilidad de su regreso. Sin embargo, Formosa continuó implementando el mismo sistema, incorporando únicamente mayor cantidad de Centros de Aislamiento Preventivo (CAP), sostuvo Amnistía.
A más de nueve meses de la declaración de la emergencia sanitaria, Formosa se encuentra desde junio en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y sin circulación viral en la mayoría de su territorio.
Frente a eso, sostuvo Amnistía, “resulta inadmisible que haya tantas personas que aún están esperando una respuesta para volver a sus hogares. Las autoridades deben cumplir íntegramente con lo ordenado por la Corte Suprema y respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
En otro orden, el comunicado de la ONG aseguró que en los últimos días, la abogada Gabriela Neme, representante de muchas personas que se encuentran solicitando ingresar, habría sido denunciada ante el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa por manifestaciones vertidas durante una audiencia judicial en la que describía las malas condiciones de los centros de asilamientos preventivos.
En esas audiencias, la abogada indicaba que muchos de los CAP tienen las ventanas bloqueadas y no pueden ser abiertas, los patios se encuentran clausurados, sin permitir que las personas puedan salir a caminar ni que los niños salgan a distraerse. Además, se realizarían requisas de los elementos que son acercados por las familias, incluyendo los alimentos.
Amnistía Internacional alertó así “sobre la importancia de garantizar que las defensoras de los derechos humanos puedan llevar adelante su tarea sin restricciones que socaven su labor y sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidación”.
La intervención de Amnistía Internacional en este conflicto llegó luego de que, a siete meses de la declaración de la pandemia, la ONG recibió denuncias de personas que habían solicitado autorización para regresar a la provincia de Formosa desde hacía meses y no habían obtenido respuesta.
Algunas se encontraban esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie; otras distanciadas de familiares e hijos; otras con situación de salud urgentes sin poder trasladarse para su tratamiento.
El 6 de noviembre, la Justicia Federal declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado dispuesto por las autoridades formoseñas e instó a la provincia a diseñar un nuevo sistema de ingreso respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, la Provincia no brindó una solución a todas las personas que solicitaban ingreso.
El 10 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga para garantizar que se brinde una respuesta urgente a todas las personas que aún no podían regresar a sus hogares en la provincia de Formosa.
El 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que el gobierno de Formosa garantizara en un plazo de 15 días el ingreso de las más de ocho mil personas que habían solicitado autorización para regresar a la provincia.
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