La provincia de Formosa presentó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el escrito elaborado por la Fiscal de Estado, Estela Zabala, en el cual explicó todas las características de su programa de ingreso ordenado y administrado y aportó los argumentos a cada punto de controversia señalado por los abogados Carlos Alberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora.
El documento, al que tuvo acceso NoticiasFormosa, aborda punto por punto los reclamos de los abogados, explicando a la CSJ los pormenores de cada una de las situaciones que motivaron primero los hábeas corpus, sus posteriores apelaciones e incluso se abarcó la cuestión de competencia que se arrogan tanto la Justicia Federal como la provincial.
La provincia cuestionó que los abogados Lee y Villaggi Nicora introdujeron en su escrito a la CSJ, cuestiones no planteadas anteriormente, y que ya expresadas en esta etapa quedarían fuera de considerarse por quedar extemporáneas. Luego, remarca que existe un conflicto de competencia generado entre la Justicia Federal y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa.
Por otro lado negó que existan trabas burocráticas por parte del gobierno a los ingresantes por vía judicial y se explicó cuál es el fundamento del criterio de exigir un examen PCR negativo en las 72 horas previas al horario de efectivo ingreso de la persona a la provincia.
Zabala también negó que exista un trato desigual entre quienes ingresan por el programa de ingreso ordenado de la provincia y quienes lo hacen por la vía judicial, como que tampoco existe ningún tipo de cobro de cánon como aluden los abogados.
Otro punto que sobresale en el escrito de la provincia, es la explicación que da a la CSJ sobre la acusación de otorgar plazos irrazonables de ingreso que los beneficiarios de las acciones judiciales no pueden cumplir, por la inmediatez que tienen, y en el cual el Gobierno se defendió indicando que los plazos los pone el juez federal que hace lugar a los amparistas, dándole al Gobierno términos de 48 horas, 72 horas o 5 días, según el caso, es decir que las fechas otorgadas cumplen la orden judicial, y no son fechas que se otorgan con el fin de que el beneficiario se vea imposibilitado de cumplir.
“La cantidad de plazas disponibles no es un dato menor y de seguir ordenado el ingreso masivo, irrestricto e ilimitado escaparía del adecuado control estatal y pondría en jaque y en desequilibrio todo el sistema sanitario y la política que viene llevando adelante eficientemente la provincia con asesoramiento de especialistas y que no son tenidas en cuenta por los magistrados” planteó la Fiscal de Estado.
Advirtiéndose que “al seguir ordenándose el ingreso por fuera de los lugares que la provincia puede ofrecer, y dentro de los acotados plazos que se vienen dando, no dan tiempo a desocupar los centros, los solicitantes deberán ir a hoteles costeándose por ellos mismos la estadía, los hisopados, la comida y la policía que inexorablemente debe haber” remarcó además la provincia a la Corte.
Aquí vea el escrito completo de la Fiscalía de Estado en respuesta a la Corte Suprema:
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