“Luego de tomar conocimiento de los hechos, nuestra función pública nos obliga a realizar la denuncia ante las autoridades judiciales este hecho”, afirmaron los ediles.
“Solicitamos al Fiscal, investigue a los efectos de determinar la supuesta comisión de delitos, que se habrían cometido en detrimento del Estado provincial, y de particulares los cuales fueron puestos en conocimiento a la sociedad por distintos medios”, agregaron.
LOS HECHOS
“Fredy Mujica, ahora ex funcionario del IPV, lo ‘renunciaron’ luego de la polémica, junto a miembros de su familia vendieron una vivienda otorgada por el organismo”, según relatan los concejales “induciendo a sus víctimas de la estafa en la creencia de que se encargarían de arreglar todos los papeles”.
Sin embargo, el escándalo estalló tras producirse el desalojo por parte del IPV de la vivienda que había adquirido Florencia Bresanovich -una joven madre de 3 niños- en el barrio La Nueva Formosa.
Bresanovich relató a los medios locales que adquirió la vivienda a cambio de un terreno más 100 mil pesos para Mujica.
En el hecho delictivo “habrían participado la nuera del funcionario, quien conforme surge del Boleto privado firmado por la venta de la vivienda por el cual habría recibido una suma de dinero en efectivo y un terreno como pago, participando en la redacción y rellenado del contrato otro de los hijos del funcionario y cuñado de la vendedora”.
“La víctima aseguró que desde su ‘ignorancia’ confió junto a su esposo, en el funcionario del IPV que conocían desde hace tiempo y que les aseguró que ‘no tendrían problemas’ a futuro en la vivienda que le había sido adjudicada a su nuera. Quien además expresó que como cualquier persona invirtió todo lo que tenía, ‘en el sueño de la casa propia como uno desea para sus hijos‘”.
“Hechos como estos no pueden ser investigados solo en la órbita administrativa del Estado, sino que deben ser investigados por la Justicia, y de existir responsabilidades deben ser castigados por la ley penal, en el marco de un proceso justo, y por este motivo hicimos lo que la ley nos exige y denunciamos el hecho para que sea investigado en el fuero penal por un Juez competente”, comentaron.
“Queremos una Formosa donde ningún funcionario tenga poder e impunidad para aprovecharse de las necesidades de la gente”, aseveró Montoya.
“No se puede lucrar con el sueño de un techo digno para vivir, quien realice este tipo de acciones debe rendir cuentas ante la justicia”, concluyó Piñeiro.
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