Luego de que varios diputados comprobaran que José Leonardo Gialluca realizó aportes monetarios al Partido Justicialista de Formosa, aplicando en una de las prohibiciones legales establecidas para quienes ejercen esa función, un sector legislativo pretende que se trate en la Legislatura un pedido de juicio político, que, si prospera, podría llegar a la destitución del ombudsman.
El artículo 150 de la Constitución Provincial fija las características principales de la función, y en este capítulo se contempla la posibilidad de juicio político en caso de que el Defensor del Pueblo incurra en algunas de las prohibiciones específicas que fija la ley.
El último párrafo de la normativa constitucional, ya señala entre otras cosas que “durará 5 años en sus funciones y no podrá ser separado de ellas, sino por las causales y el procedimiento establecido respecto al juicio político”.
Aquí el texto de la iniciativa:
pedido de juicio político
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