José Leonardo Gialluca ya cumplió 19 años en el cargo de Defensor del Pueblo. El 29 de marzo del 2001 fue designado por la Cámara de Diputados de Formosa y logró 3 reelecciones a su mandato, cada uno de los cuales dura 5 años. Cumplirá su mandato actual en marzo del 2021. Ahora, fue descubierto en la lista de aportantes de dinero del PJ formoseño, publicó el portal La Política Formosa.
Por supuesto que la formalidad constitucional establece que la propuesta y designación es facultad de los Diputados, sin embargo la decisión no sale sino de las oficinas del Gobernador Gildo Insfrán. Sobre todo por tratarse de la figura del Defensor del Pueblo que cuenta con atribuciones que pueden tornar incómoda una gestión.
Durante estos 19 años al frente del organismo, José Gialluca ha tenido siempre un rol polémico
Así como el Defensor del Pueblo es una creación Constitucional y es equiparable a la de un miembro del Superior Tribunal de Justicia, sus funciones están bien definidas en su accionar personal, junto a la inhabilidad de formar parte de la actividad político partidaria.
Durante estos 19 años al frente del organismo, José Gialluca ha tenido siempre un rol polémico. Cuestionado fuertemente por la oposición y parte de la ciudadanía que lo tilda como “defensor del Gobierno” y ha mostrado posiciones flexibles frente a temas que pueden rozar al gobernador Insfrán. Más allá de avanzar sobre algunos organismos de control de los servicios públicos. Durante esta pandemia, prácticamente se ha mostrado sin participación.
Cuestionado fuertemente por la oposición y parte de la ciudadanía que lo tilda como “defensor del Gobierno”.
Su accionar, puede resultar cuestionable para determinados sectores políticos partidarios pero hasta acá no se había podido demostrar su activa participación para el Partido Justicialista de Formosa que tiene como presidente al gobernador formoseño.
La ley de creación del organismo, la 1065, define las limitaciones en las funciones al frente de la Defensoría del Pueblo: “será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, estándole vedada asimismo cualquier actividad de índole político partidaria durante su mandato”, establece la legislación.
Los aportes, por más pequeños que sean, están prohibidos viniendo de un funcionario público. Ahora habrá que ver si se aplica el criterio sancionatorio previsto en la ley, o se mira para el costado.
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