Los concejales Fabián Olivera, Daniel Caballero y Miguel Montoya promueven un proyecto de ordenanza que apunta a eximir del pago de la tasa de Registro de Inspección a los negocios y comercios afectados por el aislamiento social y obligatorio originado en disposiciones nacionales y provinciales a los cuales adhiriera oportunamente el Municipio capitalino.
La idea de los ediles pretende beneficiar a gimnasios, bares, restaurantes, hoteles y moteles; negocios y comercios que están cerrados a raíz de la cuarentena obligatoria.
“La medida establece que estos comercios estarán eximidos temporalmente hasta la duración de las restricciones para operar”, detallaron los ediles.
“Pretendemos contribuir con el sector comercial indispensable para el desarrollo de nuestra comunidad, sin el cual no será posible iniciar las tareas de recuperación del tejido social formoseño, la actividad comercial privada ha sido severamente golpeada por las restricciones impuestas por el Gobierno, como medidas tendientes a cuidar la salud pública, amenazada por el Covid-19”, aseguró Montoya.
“A diario, se receptan lógicas inquietudes desde distintos sectores que todavía siguen imposibilitados de reiniciar sus actividades, muchos de los cuales seguramente no podrán volver a abrir sus puertas con la consiguiente pérdida de empleos genuinos. Este escenario nos ha obligado, a repensar una serie de medidas que amortigüen el impacto extendido que la pandemia ha tenido en la actividad comercial formoseña”, amplió.
“No escapa a nuestro criterio, el impacto que traerá aparejado una medida como la que se propone, pero consideramos que no auxiliar ahora y aquí a estos contribuyentes ocasionará una pérdida permanente” al erario público municipal; por tanto, “pensamos que es atinado reducir la presión fiscal a los sectores afectados por este mal trago que sufre la sociedad toda, pero el sector comercial privado en particular”, razonó Caballero.
“Estamos ante una situación excepcional, debemos adoptar por lo tanto medidas excepcionales y acudir en ayuda de los sectores afectados, por ello proponemos una medida acotada en el tiempo y sólo destinada a los comercios que durante el aislamiento por el covid-19 no han podido ejercer su actividad comercial”, aseguró, mientras tanto, Caballero.
“Estamos persuadidos de que las tasas municipales son constitucionales cuando hay una contraprestación efectiva -real-; pero si un comercio, ha sido obligado a cerrar sus puertas por imperio de válidas medidas excepcionales, haciendo por tanto imposible la prestación de la finalidad perseguida por tener cerradas sus puertas, a la que está obligada indefectiblemente, so pena de multas, clausuras y otras penas de mayor gravedad, incluso alcanzadas por la justicia penal, estamos por tanto obligados a formalizar el ejercicio de un derecho constitucional como lo es ejercer todo negocio lícito o a formalizar una compensación temporal por ello”, planteó.
“Nuestros comerciantes deben ser alcanzados por una eximición temporal, mientras dure la pandemia y su obligación a permanecer cerrados, es una acto que consideramos de estricta justicia, por lo que solicitamos a nuestros colegas”, reafirmó por último Olivera.
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