A través de un comunicado, una de las mayores organizaciones que agrupan a clínicas, sanatorios e institutos médicos privados de Formosa, la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA) advirtió que el sector se encuentra en una crisis que pone a muchos de ellos al borde del cierre definitivo. El incremento de costos, el trabajo a menor capacidad por la pandemia y la falta actualización de montos y valores con la obra social IASEP, entre otros aspectos, ha pegado muy duro al sector.
En estos días, recorre el comunicado los distintos centros sanitarios privados para que los profesionales médicos y asistentes, además del personal administrativo de todas las instituciones, firmen el mismo, a modo de dar su apoyo a este reclamo sectorial.
Si bien el comunicado no precisa cuántos sanatorios tienen las cuentas en rojo, ni por cuánto tiempo más podrán seguir trabajando sin recibir ningún tipo de ayuda estatal, el dato informado es preocupante dado el relevante papel que cumplen estos centros de salud privados y especializados. Sumado a ello, es que está en riesgo la fuente de ingresos de unas dos mil familias formoseñas, se remarcó desde la entidad. Aquí el texto del comunicado.
LA SALUD PRIVADA EN RIESGO
Los abajo firmantes, sanatorios, clínicas, institutos médicos y profesionales de la salud en general, queremos expresar a la comunidad la profunda preocupación que nos genera la incertidumbre respecto a la continuidad de nuestra actividad, tan esencial en estos tiempos de pandemia, pero a la vez tan castigada por la crisis económica y social que, si bien afecta a todos, más aún al sector de la salud privada.
El desarrollo de la actividad médico asistencial privada en nuestra ciudad capital representa el medio de vida de más de 2.000 familias, comprendiendo no solo médicos, sino también y en mucho mayor número, enfermeros, asistentes de enfermería, personal administrativo, de farmacia, de mantenimiento, de limpieza, además de un gran número de trabajadores que realizan tareas relacionadas indirectamente con la prestación del servicio de salud.
Resulta paradójico que el sector social hoy más necesario sea el más relegado económicamente. Debemos tener en cuenta que los centros privados de internación cumplimos con el compromiso de realizar una reserva de camas e infraestructura disponible solo para atender casos de Covid-19, creando sectores separados e independientes para ello, lo que implica inversión edilicia y disposición de personal específico con las debidas medidas de protección.
Si a ello agregamos las restricciones impuestas por las nuevas normas que rigen en esta pandemia, la consecuencia es que nos encontramos trabajando a un 25 por ciento de nuestra capacidad operativa, pero con gastos mayores, con la consecuente imposibilidad de pagar sueldos y cargas sociales.
En este contexto, nos resulta casi imposible continuar comprando insumos y medicamentos, en su mayoría a valor dólar con un costo duplicado en comparación con el año pasado y nuestros ingresos absolutamente diezmados.
Paralelamente, las Obras Sociales sin motivo que lo justifique suspendieron la autorización de prácticas que no sean de urgencia, generando con ello el cese de la actividad médica programada, y en algunos casos hasta cerraron sus puertas. Agregándose además la falta de reconocimiento por las mismas de los módulos COVID-19 solicitados.
A esta situación se suma el incumplimiento del compromiso de aumentos proporcionales a los de los empleados públicos provinciales, que fuera asumido por la Obra Social Provincial en el último convenio suscripto en 2019 con el sector privado de salud, a raíz de lo cual llevamos un retraso acumulado en la actualización de valores de un 27% entre 2019 y lo que va de 2020 a pesar de la buena predisposición mostrada por la nueva intervención de esta obra social.
En este contexto, lamentablemente los primeros en pagar el costo de la emergencia viéndose obligados a cerrar sus puertas por imposibilidad económica serán de los más necesarios: los agentes privados de salud.
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