Grupo aborigen parapolicial opera en Chaco frente al territorio formoseño

Un conflicto indígena suscitado en territorio chaqueño, en la frontera interprovincial con Formosa, amenaza con convertirse en una situación de alarma para las autoridades locales, dado que un grupo de aborígenes se organizó y conformó un grupo armado parapolicial, avanzando sobre los derechos de personas de esa comunidad y también sobre menores, e incluso practicando detenciones ilegales. El territorio wichi que ocupan en Chaco, está a apenas 50 km de las primeras colonias criollas y aborígenes del lado formoseño. EN SAUZALITO HAY PISTA DE ATERRIZAJE PAVIMENTADA (ver) Y ES COMÚN CONOCER NOTICIAS LIGADAS A LA ZONA POR NARCOTRÁFICO (ver)

Todo está ocurriendo en el paraje El Sauzalito, al norte de la provincia del Chaco, junto al río Bermejo en la frontera con nuestra provincia. Allí existe un grupo armado parapolicial wichi, denominado Guardia Washek, que amedrenta y aplica métodos violentos no sólo sobre los miembros de la propia comunidad, sino también que impone sus decisiones a la autoridad policial, invocando el aval del gobernador Jorge Capitanich.

 

Sauzalito tiene un poco más de 7.000 habitantes y pista de aterrizaje pavimentada.

 

Se trata de un grupo que fluctúa entre los sesenta y cien integrantes, y que se arroga tener la representación de la comunidad en su conjunto. Según las denuncias de los afectados, esta Guardia “revisa, golpea, patotea, amenaza y hasta secuestra y tortura a sus víctimas”, armados hasta los dientes y frecuentemente con un elevado nivel de alcoholismo. También se ha denunciado la vinculación de la guardia wichi en actividades relacionadas con el narcotráfico, publicó el diario Real Politik de Chaco.

Por la denuncia, intervino finalmente la ministra de Seguridad chaqueña Gloria Zalazar, quién ayer se reunión con el gobernador chaqueño.

Así lo relata Walter Augusto Toloza: “Una madre wichi denunció que ‘su hijo de quince años charlaba con su prima en la vereda de su casa en Planta Urbana de Sauzalito. El día 29 de abril, a las 23.00, cuando tres integrantes de la Guardia Washek comienzan a agredirlo hasta que lo reducen y se lo llevan ‘detenido’. Luego de someterlo a múltiples agresiones (y hasta le raparon la cabeza) le dieron la ‘libertad’ al otro día a las 11.00. (Esta madre) Denunció que días atrás habían ‘detenido’ a su otro hijo de catorce años, al que lo habrían castigado y maniatado (literalmente) a un palo, desde donde logró escaparse. Según le comentó a su mamá lo habían golpeado”.

Otro testimonio relata cómo se “llevaron al hijo de una docente que es de su misma etnia, Luisa Aranda. Lo tuvieron toda una noche, lo cag… a palos y se hacían limpiar los borcegos”.

Las denuncias sobre malos tratos, detenciones ilegítimas y privaciones de la libertad suman decenas. En muchos casos han sido presentadas en sede policial o en las redes sociales. Pero luego no se registra curso judicial alguno, ya que la policía se encuentra literalmente sometida a la Guardia Washek, que alega contar con la autorización de Capitanich.

La situación alcanzó tal gravedad, que el gobernador del Chaco convocó a una reunión a cuatro representantes de las víctimas de la Guardia, en la que comunicó que había solicitado al gobierno nacional el envío de tropas de Gendarmería. También estuvo presente el jefe de Gendarmería encargado de conducir su acción.

En la reunión, cuyo video se adjunta, la preocupación de los representantes fue conocer qué medidas tomaría Capitanich al respecto. El gobernador comunicó que los efectivos de Gendarmería “tienen la petición de rodear las 100 mil hectáreas que corresponden a la comunidad Wichi. Nosotros les hemos transmitido con absoluta sinceridad lo que corresponde por ley. En la República Argentina hay un estado de derecho, existe un poder de policía que se ejerce a nivel nacional a través de las fuerzas federales, a nivel provincial a través de la policía de la provincia, y existe un poder de policía de carácter municipal tal cual lo prevé la constitución provincial”.

“Es inadmisible -continuó Capitanich- que organizaciones que puedan portar armas o que puedan ejercer funciones que no estén debidamente encuadradas en la constitución respectiva. Nosotros lo que hemos planteado es eso y ellos tienen algunas observaciones claves y que me parece que son importantes. Pero la idea central de un gobierno no es dividir, es unir. Entonces, en el marco del respeto a la constitución, las leyes y el estado de derecho y uniendo el esfuerzo la comunidad ponga en función esta ley”.

El discurso institucionalista del gobernador fue interrumpido por los participantes.

“¿Y ellos se quedarían todavía con sus guardias, y portando armas, todo…?”. “No se puede más, no se puede”, sentenció uno de los representantes.

“Y si nosotros vemos y somos interceptados por la policía, por ellos y por la portación de armas, todo, ¿qué hacemos?”, preguntó una mujer que fue víctima de la Guardia Washek. “¿Hacemos la denuncia? Ellos no los dejan a los policías que hagan su trabajo ellos mismos. Yo soy una de las que sufrió la violencia. Hay varias víctimas que están afuera. Cuando nos prepoteaban, en todo momento, no dejaban que el jefe (de policía) actuara. Él tenía que acceder a todo lo que ellos querían”.

Y a continuación interpeló al gobernador: “¿Tuvo conocimiento de que el jefe fue acorralado?”.

Tratando de no perder la calma, Jorge Capitanich expresó que “el gobierno tiene la decisión de hacer cumplir la constitución”, pero fue interrumpido una vez más por los representantes.

“Ellos (los miembros de la Guardia Washek) nos dicen que ‘el señor Capitanich nos deja’. Y ellos hacen lo que quieren. La sociedad esta asustada porque el señor Arrieso, voy a dar nombre y apellido, con la agrupación que tiene, son sesenta. No son sesenta o cien personas las que representan a nuestro pueblo. Debe aclarar qué función cumplen y no está cumpliendo su función de cuidar al territorio. Lo único que hacen es amedrentar a toda la sociedad”.

El Sauzalito se encuentra a pocos metros del límite interprovincial

“Usted dice que hace cumplir la ley. ¿Por qué cuando uno hace una denuncia ellos siguen allí todavía? Que los denuncian y como que no pasó nada. Circulan al doble de lo que sabían circular. Queremos saber eso porque no sabemos hasta dónde están ellos protegidos”, le interpeló frontalmente otra participante.

El gobernador estaba desbordado y sólo se limitaba a prometer “esfuerzo” y la vigencia de las instituciones republicanas.

La siguiente pregunta lo dejó aún más fuera de juego: “¿Gendarmería tiene la posibilidad de entrar a esos terrenos de ellos?”, le consultaron.

“Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que Gendarmería se maneje acá”, sólo atinó a responder el gobernador chaqueño.

La reunión dejó con pocas expectativas a las víctimas. Quedó en claro que la decisión política del gobernador consiste en mantener la negociación con la Guardia Washek, en lugar de intervenir con toda la fuerza de la ley para tranquilidad de la ciudadanía.

También dejó muchas dudas sobre cuál será el área de operaciones de la Gendarmería. Si se adentrará en el territorio wichi para garantizar el orden -exponiéndose a las inevitables denuncias de organizaciones no gubernamentales indigenistas que observan la situación desde las grandes capitales, sin comprender el temor que sufren los miembros de la propia comunidad ante la acción de los grupos parapoliciales indígenas-, o bien limitarse a rodear la amplia geografía de más de 100 mil hectáreas, dejando a sus pobladores librados a su propia suerte.

Los representantes presentaron una nota de queja con una serie de demandas y se retiraron con sabor a poco. Nada más que un gesto político vacío, que ojalá se convierta en una acción estatal efectiva, aunque parezca muy poco probable.

El grupo armado atemoriza a pobladores

OTRA MIRADA

Por su parte, el diario chaqueño Norte, publicó sobre el tema. La comitiva de autoridades chaqueñas tiene un marcado interés de encontrar una solución a esta nueva escalada de tensión en toda la zona debido a situaciones que se han generado con integrantes de esta agrupación, inclusive con serios roces con amenazas e intimidaciones a miembros de la Policía del Chaco.

Como se sabe, el presidente de la Cámara de Comercio de Miraflores, Leonardo Saucedo, manifestó su preocupación por el afianzamiento de la Guardia Comunitaria en el norte provincial y alertó sobre la falta de determinación por parte de los organismos estatales ante esta situación.

El mandatario provincial (Capitanich) reconoció que existen algunas cuestiones que se deben tener en cuenta frente a este tipos de situaciones planteadas recientemente en esa parte de la provincia.

Aunque respeta la presencia de las guardias urbanas, ratificó la necesidad de entender que bajo ningún punto de vista se va a permitir la presencia de organizaciones al margen de los municipios y la provincia, inclusive por encima de la Constitución nacional y la chaqueña.

Por otra parte, Capitanich agregó que la presencia de los jefes de fuerzas de seguridad apunta a la necesidad de ver mecanismos de prevención a una zona que se considera vulnerable frente al accionar de narcotraficantes y contrabandistas.

‘Hemos advertidos una serie de reclamos de originarios, criollos, intendentes y dirigentes de entidades intermedias, las cuales vamos a escuchar y trataremos de encontrar una solución‘, agregó.

Con este panorama, el gobernador pretende llegar a una instancia de acuerdo con todos los sectores para evitar nuevos roces en el futuro. Finalmente, se aguardan los resultados de esta gestión.

LAGUNA YEMA

El gráfico muestra la cercanía de El Sauzalito con localidades formoseñas: a 42 km de Los Chiriguanos y a 48 de Laguna Yema.

Recientemente, NoticiasFormosa dio a conocer lo que ocurría en la localidad de Laguna Yema, donde el intendente Juan Alberto Corvalán se quejaba de la actitud de algunos integrantes de la comunidad wichí, que iban y venían desde Chaco, precisamente, desde El Sauzalito, donde está la guardia Washek.

Para evitar el ingreso de coronavirus, Formosa anunció esos días que reforzaría la presencia policial al sur de Yema para evitar la llegada de aborígenes wichí desde el Chaco, en resguardo de la situación sanitaria, pero ahora, con la información de este nuevo panorama político que amenaza con convertirse en un verdadero conflicto armado, es que no es descabellado pensar que el refuerzo policial del lado formoseño también apunta a frenar un eventual avance de la fuerza parapolicial aborigen de El Sauzalito, hacia territorio formoseño.

 

 

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