Tras procesar hoy a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a un grupo de más de 100 personas entre ex funcionarios y empresarios, el juez Claudio Bonadio comenzó el proceso para elevar a juicio oral y público el conjunto de causas de los cuadernos de las coimas.
El caso estalló mediáticamente el 1 de agosto pasado, tras más de cuatro meses de una compleja investigación que se inició tras la presentación ante la justicia de los registros del ex chofer Oscar Centeno.
EL PROCESAMIENTO
Textual: «DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA DE PEDRO DOVAL VAZQUEZ, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, reiterado en siete (7) hechos, cinco (5) de ellos, en calidad de autor, y dos (2), en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación; y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 258, primera parte del Código Penal de la Nación).
CCX. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dinero de PEDRO DOVAL VAZQUEZ, por el monto de mil cincuenta millones de pesos ($ 1.050.000.000), debiendo a tal efecto, labrarse el correspondiente mandamiento, que será diligenciado en la forma de estilo (artículos 518 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación).-
Los mismos, una suerte de bitácora de la corrupción, fueron entregadas a la justicia por el periodista del diario La Nación Diego Cabot y dieron origen a lo que se convirtió en la investigación más grande en la historia local. En una resolución de seis, páginas, Bonadio detalló cada uno de los apartados en los que se abrió la causa madre y encaminó el caso al juicio oral y público.
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“Con la firma de estas dos últimas resoluciones”, sostuvo el magistrado -en referencia a los procesamientos en las causas conocidas como “cartelización en la obra pública” y por el presunto pago de sobornos entorno de peajes- “se puede afirmar que está investigado, expuesto y resuelto el nudo y la matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios del ex ministerio de planificación federal y por los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional de ese período”.
Al tiempo que agregó que: “Parte de las maniobras por las que se quisieron ocultar el producido ilícito de esos bienes también está básicamente investigado y en varias casos esas investigaciones están elevados a juicio Oral y Público”. (Fuente www.perfil.com).
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