Era habitual verlos hace un tiempo empujando carritos con pequeños muebles que vendían, pero desaparecieron de las calles de Formosa. Todo el mundo los vinculaba con préstamos usurarios y narcotráfico, un estigma que surgió en los años 80 por la figura del extinto Pablo Escobar Gaviria, el jefe narco del Cartel de Medellín.
Hasta al menos mediados del año pasado, era casi habitual ver a los colombianos empujando un carrito o estirándolo con una moto, ofreciendo por los barrios de la capital provincial unos muebles hechos con tableros de fibra de densidad media, o más conocidos como MDF.
Poco a poco, pese a que ganaron muchos clientes en los barrios formoseños, fueron desapareciendo del escenario urbano y de las calles de Formosa, por causa de un estigma que los persigue en toda Latinoamérica. Son colombianos, y eso, en el imaginario popular rápidamente se conecta con el capo narco Pablo Escobar de Colombia.
Muchos huyeron a otras provincias, mientras otros tantos se escabulleron a localidades del interior, mayormente Clorinda, desde donde tienen mejor contacto con negocios en Asunción del Paraguay, y de ahí, vía aérea, con su país natal.
PERSEGUIDOS
Según dijo Wilder por teléfono ante una consulta de NoticiasFormosa del por qué se fueron de Formosa, denunció que eran intensamente perseguidos por la Policía. Que los patrulleros no podían verlos pasar, que ya los detenían y que con tantos problemas para trabajar, abandonaron sus alquileres para mudarse a otra ciudad.
Provenientes desde Cali, Medellín o Bogotá, los colombianos no sólo desembarcaron en el norte argentino, también están presentes en Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes y otras tantas más. Pero aquí en Formosa, la asociación que se hace de ellos con el narcotráfico selló su destino en estos pagos.
No solo fueron blanco de policías, quienes siguieron sus pasos, sino también de ladrones locales, quienes los vieron como potenciales víctimas de robos y atracos a sus casas que dejaban cerradas para salir a vender o conociendo el dato de que manejan dinero.
Culpables o no, no hay datos de primera mano que confirmen alguna condena de un extranjero de nacionalidad colombiana en Formosa por tema de drogas, como para darle credibilidad al clamor popular, que desató su persecución y posterior éxodo a otras tierras.
MUEBLES O PLATA
Los vendedores ambulantes de muebles son un fenómeno que se registró en los últimos años en todo el país, pero que se ve en otros de Latinoamérica. Tienen una raíz común: los migrantes de origen colombiano. Al final del recorrido, otra: la usura escondida detrás de la tarea de venta de muebles. En el análisis ulterior, la preocupación mayor: de dónde proviene el dinero que prestan.
Si se preguntaron por el precio de los muebles –unos roperos o chifoniers pequeños y de baja calidad– muchas personas aseguraron en las redes sociales que les parecieron “re caros” por lo que eran. “Valían más de 3 mil pesos; se veían bastante berretas y mal pintados, con colores horribles”, dijo una mujer que los consultó cuando todavía producían en circuito 5.
EL FAMOSO “GOTA A GOTA”
En Medellín, en los años 80, con el auge del narcotráfico y la cristalización de la dominación colombiana de Pablo Escobar Gaviria, comenzó a verse en las calles a los vendedores puerta a puerta de productos en cuotas de pago diario a lo que sobrevino el préstamo usurario. La modalidad tuvo siempre a las mismas víctimas: las que carecen de posibilidad de acceder a créditos bancarios o de financieras autorizadas. El irregular sistema los esquilma.
En la Argentina, el Código Penal se refiere a la usura en su artículo 175 bis, que reprime el delito cometido por “el que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de pesos tres mil a pesos treinta mil”.
El texto legal agrega: “La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual”.
Los colombianos que venden muebles no son los únicos prestamistas ilegales de la ciudad, está claro. Son nuevos actores de un fenómeno tan viejo como el dinero y tanto o más cruel que el deseo de tenerlo a cualquier precio. Incluso, en varios ámbitos públicos siempre hay un “prestamista” que le da plata a sus colegas de trabajo. Uno contó alguna vez cómo adentro del propio municipio había quienes ejercían esta tarea. “La plata es cara”, supo decir con la precisión del que sabe de qué habla.