La Secretaría de Energía de la Nación consideró «falso» que el corte o la reducción del beneficio de la tarifa social para los hogares de menores recursos se produzcan por una decisión suya y aseguró en septiembre se realizó la firma del Consenso Fiscal que indica que el Gobierno de la provincia de Formosa definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios.
A través de una solicitada en los medios locales, Nación aseguró que el gobierno provincial es responsable los subsidios a los formoseños: «Hace unos días dieron a conocer algunas publicaciones en Formosa donde se decía que el Gobierno Nacional eliminaba la Tarifa Social de electricidad. Eso es falso».
Seguidamente, recordaron que «desde este año, se acordó con los gobernadores de las provincias, incluido el de Formosa, que la Tarifa Social eléctrica es responsabilidad de las provincias. A cambio el Gobierno Nacional incrementó las transferencias a cada una de ellas y les permitió incrementar sus propios recursos. Esto tiene sentido porque son las provincias las que distribuyen la electricidad en los hogares y conocen mejor a los usuarios. Por lo tanto, a partir de ahora es una decisión de cada provincia determinar quiénes son los beneficiarios de la Tarifa Social de electricidad», aseveraron.
Vale recordar las tarifas de todo el país eran subsidiadas por el Estado nacional, pero a partir de la firma del Consenso Fiscal, en septiembre del 2018, se acordó la trasferencia de la tarifa social a las provincias.
A su vez, desde la Secretaría de Energía de la Nación recordaron que «el Estado Nacional realizó desde 2016 un importante esfuerzo fiscal, transfiriendo en concepto de Tarifa Social Federal eléctrica más de 24.000 millones de pesos a hogares vulnerables de todo el país».
Asimismo, señalaron que dicho subsidio redujo una parte importante de la factura final de esos usuarios, la correspondiente al costo mayorista de la energía, que es fijada por el Estado Nacional. A través del Consenso Fiscal suscripto el 13 de septiembre de 2018, aprobado mediante la Ley N° 27.469, se acordó que a partir del 1° de enero de 2019 cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales».
«La determinación del valor agregado de distribución (VAD), que constituye la remuneración a la distribución de energía eléctrica, corre por cuenta de las jurisdicciones provinciales, con la excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (áreas de concesión de EDENOR y EDESUR, bajo la regulación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad –ENRE)».
Desde el organismo indicaron que «en 2019, estando aún subsidiado el precio mayorista de la energía, los usuarios residenciales de todo el país pagarán alrededor de 51 USD/MWh por la generación, con un subsidio a dicho componente cercano al 30%. Finalmente, de acuerdo al Presupuesto 2019 se estima que los fondos destinados a garantizar la sustentabilidad del sector eléctrico (subsidios) alcanzarán los $100.000 millones».
«Estos fondos están destinados a cubrir la diferencia existente entre los costos reales de abastecimiento y los precios que pagan los usuarios del servicio de distribución (residenciales, comerciales, alumbrado público, PyMEs, entre otros)», aseguraron.
