El 28 de diciembre que viene se van a cumplir trece años de la sanción de la ley N° 1485, que se dispensó en la Legislatura provincial una fecha en que ya regía la feria judicial del año 2005 y ante la pasividad e inacción del gremio que nucleaba por ese entonces al grueso de los trabajadores de la justicia.
Ahí empezó la debacle de la carrera judicial en Formosa, que hoy está prácticamente paralizada, y genera mucho descontento entre las filas de trabajadores, que ven pasar los años sin haber ascendido un solo escalafón.
Ese año, en 2005, la provincia establecía una ley de emergencia económica que alcanzaba las políticas salariales y prohibía la “aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría”.
La ley de enganche establecía justamente un punto índice que estaba anclado a la remuneración de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, que beneficiaba a los judiciales hace poco más de 15 años.
Pese a que la vigencia de la ley -al menos en lo que refiere a política salarial- tiene fuerza aún habiendo varios periodos consecutivos en que la provincia informó superávit fiscal. El tema salarial de los empleados no solo no cambió sino que empeoró cada vez más.
En tiempos en que todavía era ministra la Dra. Arminda del Carmen Colman, los judiciales ascendían al cargo inmediato superior cada tres o cuatro años. Era un ascenso automático que iba subiendo el punto índice del sueldo de los trabajadores del sector, que a su vez era importante para la oportunidad de jubilarse.
Hoy, hay empleados judiciales que han ingresado hace más de 10 años y aún continúan en el cargo inicial, en la base de la carrera judicial, que encima, de continuar así, se jubilarían con el rango salarial más bajo que tiene el Poder Judicial.
El panorama empeora, teniendo en cuenta el vertiginoso crecimiento de la planta de personal no siempre por la creación de nuevos juzgados y mejor dotación de los juzgados ya existentes. Un número muy importante de trabajadores judiciales jamás ha tocado un expediente, y por ende, no tienen idea ni experiencia en el manejo de causas, aspectos legales, plazos de ley, etc.
Es que de un tiempo a esta parte, el Poder Judicial ha creado varias oficinas que conllevan el pago de un sueldo de jefe al responsable de la oficina, y se trata de una oficina con personal asignado. El problema es que si bien tienen algunas tareas vinculadas a la función para la que fueron creados, no tienen respaldo legal. Para entenderlo, es preciso saber que en un expediente judicial sólo pueden intervenir las partes específicamente establecidas por ley, que son la defensa, el fiscal, y eventualmente la querella. Nadie más.
Es decir, si el responsable de un órgano judicial como la Oficina de la Mujer, el Centro de Atención a la Víctima y al Testigo, Oficina de Atención al Ciudadano, o la Oficina de Violencia Intrafamiliar, pidiese una medida en un expediente judicial, el juez no tiene otra salida que advertirle al solicitante que “no es parte” en el expediente, y consecuentemente desestimar lo que pudiera haber pedido.
Ninguna ley prevé esto. Como tampoco está obligado ningún juez de ningún fuero, a prestar un expediente o solicitar un dictamen a este tipo de oficinas, que tienen mucho personal que hubiera sido más útil ubicarlo en juzgados actualmente colapsados por el volumen de trabajo diario, como el Tribunal de Familia.
En suma, la cantidad de empleados judiciales ha crecido exponencialmente en los últimos años, sin que paralelamente se hayan creado los cargos y presupuestado esa situación, para permitir un progresivo ascenso de los trabajadores al cargo inmediato superior no concursable.
AMBIENTE POLARIZADO
El clima laboral no es el mejor en este Poder del Estado. Mientras los magistrados y funcionarios reciben una buena remuneración por el trabajo y la responsabilidad que detentan, también perciben buenas remuneraciones los trabajadores más antiguos, que gracias a la ley de enganche, hoy anulada, ya tenían un sueldo fuerte cuando se derogó.
En la otra orilla, están los que ingresaron desde 2005 en adelante. No solo no ascendieron nunca, sino que es tan bajo el sueldo, comparativamente con sus jefes, que es una situación que va generando mucho descontento internamente.
Este descontento, se traduce directamente al servicio de justicia. Quizás no sea tan evidente, pero el clima laboral no es el mejor. Sumado al hecho de que ninguno de los dos gremios que hoy aglutinan a los trabajadores del sector, ha hecho mucho por recuperar este beneficio -ley de enganche- ni ha gestionado la reactivación de la carrera judicial para sus afiliados.
Es importante que la población formoseña tenga en cuenta este panorama, ya que si bien son los jueces quienes deciden sobre los casos de diversos fueros que afectan a particulares, pese a esto, son los empleados los que preparan las resoluciones de los magistrados.