El Superior Tribunal de Justicia recientemente un protocolo de atención a víctimas de violencia de género que será de aplicación en todo el Poder Judicial de la provincia a partir del 1 de febrero de 2019.
Lo hizo a través de la Acordada 2997 punto quinto de fecha 21 de noviembre, en la que la Corte Provincial dispuso también que el próximo año la Oficina de la Mujer organice un cronograma de jornadas y cursos de capacitación para todo el personal judicial sobre el contenido del protocolo, requiriendo a tal fin la asistencia de la Escuela Judicial y de la Secretaria de Gobierno.
Se facultó a Presidencia a crear una Comisión de Seguimiento para verificar el cumplimiento del referido protocolo.
Se trata de una iniciativa que fue presentada e impulsada por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial con la pretensión de constituirse en una herramienta facilitadora a disposición de los distintos operadores judiciales.
La misma contiene conceptos básicos sobre la temática, características especiales de la violencia, particularidades de la víctima y del agresor y estrategias que permitirán perfeccionar la atención ante posibles situaciones de violencia de género.
El Protocolo presentado tiene por compromiso garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género en el marco de la Ley 26.485, con el objetivo de remover los patrones socio-culturales que promueven y sostienen la desigualdad de género, fundado en la histórica relación asimétrica de poder entre varones y mujeres, con el consiguiente sometimiento de éstas, pretendiendo garantizar el acceso a Justicia a las víctimas de violencia de género y con la finalidad de prestar una adecuada y oportuna atención en relación a la asistencia y protección que requieren las personas que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito privado o público.
El Superior Tribunal de Justicia se encuentra fuertemente comprometido con el cumplimiento de los objetivos que surgen de la Ley 26.485, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará, razón por la cual consideró positiva la elaboración de este protocolo, que servirá como guía de actuación para todos los operadores del sistema judicial provincial, sin perjuicios de que en el futuro puedan sumarse mayores sugerencias, siempre en el marco de los objetivos que surgen de los instrumentos legales referenciados.