«Ante la falta de respuestas del gobierno de Gildo Insfrán, la población afectada por las inundaciones de la zona de Sombrero Negro está realizando desde el 11 de Julio en la ruta de acceso a su propiedad; hoy los manifestantes invitaron a la policía de Pozo de Maza para que hagan llegar su pedido a las autoridades.
«Recordemos que este Febrero pasado se inundó casi la totalidad de las 35.000 ha de la propiedad de las comunidades tobas de Sombrero Negro» informaron los voceros.
«Las obras de defensa y canalización fueron insuficientemente dimensionadas y se rompieron, provocando el desastre que ya conocimos. Las autoridades y tecnicos operaron sobre el territorio privado haciendo obras de emergencia totalmente inútiles y se destruyó gran parte de los bosques altos, fuente de recursos y vida.
Los manifestantes solamente piden «que las autoridades respeten el órgano representativo de la titularidad y realización de las obras correctivas, pues en lo que va del año, no se ha hecho nada y todos saben que en los pocos meses que quedan, es poco lo que se podrá hacer. Aseguran que «el desastre afectó a más de 2.500 personas y destruyó totalmente sus sistemas productivos».
La Defensoría denunció penalmente el corte de caminos y de la RP Nº 39
Como consecuencia del corte del camino vecinal Nº 139 que conecta Vaca Perdida con las distintas localidades y comunidades que la suceden, con la intersección de la RP 39, en el Departamento Bermejo, desde la Defensoría del Pueblo se confirmó que han “librado las actuaciones pertinentes dirigidas al Jefe de la Policía de la Provincia Comisario General Walter René Arroyo y al ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos Daniel Malich, en este último caso para satisfacer las demandas que han originado este delito y reestablecer el libre tránsito de ambulancias, camiones que transportan mercaderías y otros vehículos que utilizan dichos caminos”.
«El corte NO ES EN LA RUTA PROVINCIAL 39; sino en la RUTA DE ACCESO A VACA PERDIDA, QUE SOLO CONDUCE A LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MANIFESTANTES» indicaron voceros de las comunidades del oeste provincial.
Al mismo tiempo el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca informó que se presentó una denuncia penal con “Habilitación de Feria” por ante el juez de Instrucción y Correccional Civil y Comercial del Trabajo y de Menores de Feria de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Francisco Orella, en orden al delito previsto en el Art. 194 del CPA , solicitando “la adopción de medidas urgentes para restablecer el ejercicio del derecho al libre tránsito, evitar que el accionar de los citados pongan en peligro la vida, integridad psicofísica e intereses económicos y patrimonio de las personas que circulan por la zona, individualizar a los partícipes materiales e intelectuales del hecho denunciado, determinándose su responsabilidad penal y eventualmente aplicar las penas previstas por la normativa vigente; toda vez que nada justifica una medida de hecho como la que están llevando a cabo”, refiere el pedido de Gialluca.