FUENTE: INFOBAE
Un bonaerense paga el triple que un santacruceño por la factura de energía eléctrica,con un mismo consumo mensual de 300 kwh. Debido a las variaciones de los impuestos provinciales y tasas municipales, un usuario de EDES -una de las cuatro distribuidoras eléctricas que operan en la provincia de Buenos Aires- debe abonar $1.487 contra los $540 de la factura en la provincia patagónica. Si el usuario bonaerense es cliente de EDEN, su factura no bajará mucho respecto a la de EDES: deberá pagar $1.406.
En tercer lugar se ubica Córdoba, donde EPEC cobra $1.308 por el mismo consumo, seguida de cerca por Entre Ríos, donde ENERSA factura $1.214.
Entre los habitantes que menos pagan, además de los de Santa Cruz, figuran los de La Rioja ($572), seguidos de los usuarios de Edenor y Edesur en CABA y Gran Buenos Aires ($636 y $638 respectivamente).
Estos montos surgen de un informe que elaboró el Ministerio de Energía de la Nación, y revelan la dispersión que existe entre las facturas eléctricas de los usuarios de las distintas provincias, por los distintos componentes que las conforman. Los dos factores que casi no varían entre los diferentes distritos son el valor de generación y el de transporte, que dependen del gobierno nacional.
Las diferencias más importantes se dan por el costo de la distribución local de la energía, también influido por la cercanía o lejanía de la red de transporte regional. Esa fluctuación obedece, por un lado, al Valor Agregado de Distribución (VAD), que varía en función de cada provincia y/o municipio, y es el de mayor impacto en la factura. Por el otro, a los impuestos y tasas que fijan adicionalmente cada gobernador o intendente.
Así, por ejemplo, en Córdoba, de los $1.308 de la boleta electricidad, el principal componente es el VAD por $541, que equivale al 41% del total. Le siguen los impuestos y tasas locales, con $324, el 25% de la factura. En el distrito mediterráneo, la empresa del ejecutivo provincial, EPEC, distribuye el 70% de la energía, en tanto que el 30% restante está a cargo de 204 cooperativas, a su vez, clientes mayoristas de esa empresa.
Un porcentaje similar del VAD – de alrededor del 40%- se repite en varios distritos, como Buenos Aires, Santa Fe o Jujuy. En el caso de Neuquén, asciende al 47%.
Entre las tasas que cobran los municipios, hay ítems muy variados: desde cargos por agua potable o el alumbrado público, hasta servicios funerarios o de los bomberos voluntarios de la zona.
En línea con el pedido que hizo el presidente Mauricio Macri desde Vaca Muerta a los gobernadores de bajar los impuestos locales en las tarifas, desde el ministerio que conduce Juan José Aranguren buscan «armonizar» esta dispersión en el costo final de las facturas eléctricas en las distintas provincias. Con este objetivo, planean llevar estos números de la disparidad tarifaria al Consejo Federal de Energía.
Impuestos y tasas bonaerenses
María Eugenia Vidal ya dio una señal en ese sentido al anunciar la baja por decreto de dos impuestos provinciales, y de impulsar en la Legislatura la eliminación de otro. En total, significaron una rebaja del 10,8% en las facturas de luz. Un cuarto gravamen quedó frenado en la discusión parlamentaria por ser coparticipable con los municipios. En cuanto al gas, la eliminación por decreto del impuesto vigente implicó una reducción del 6,3% en la factura que reciben los usuarios en la Provincia.
Entre las propias intendencias bonaerenses, las tasas por alumbrado público son muy variables. La más alta la cobra el municipio de Avellaneda, en la zona de concesión de Edesur: $170, equivalentes al 20% del monto total de la factura de un usuario de 300 Kwh mensuales. En segundo lugar, está el municipio de Esteban Echeverría, donde los vecinos pagan $131 por la tasa de alumbrado, seguido por Florencio Varela, que cobra $130 por este concepto.
En el extremo inferior de la tabla, se ubican Cañuelas, donde los vecinos solo abonan $4 por el alumbrado. En tanto que los municipios de La Matanza, 3 de Febrero, San Isidro y Vicente López no cobran tasa de alumbrado en las facturas de luz.
Impacto de Ingresos Brutos en el gas
En el caso del gas, el transporte y distribución es responsabilidad del gobierno nacional. Las facturas están gravadas con el IVA que recauda la Nación y debe coparticipar con las provincias, y el impuesto a los Ingresos Brutos que fija cada provincia.
Si bien el promedio de este gravamen es de entre 3% y 3,5%, hay fluctuaciones: del 2% que cobran San Juan y Santiago del Estero, al 5,5% de Córdoba o el 4% de la Ciudad de Buenos Aires.
A los fines de evitar la incorporación de nuevas tasas en la factura de gas, el viernes pasado, el Enargas emitió una resolución por la que cualquier nuevo impuesto debe ser aprobado previamente por el organismo.
El ahorro en subsidios
El incremento tarifario que viene implementando el Gobierno está impulsado por la necesidad de achicar el abultado déficit fiscal. Pero a pesar de los sucesivos aumentos, lo que paga el usuario solo cubre el 65 del costo real de la energía utilizada. «En la Argentina, todos seguimos subsidiados», destacan en un despacho frente a la Rosada.
Cuando llegó Cambiemos, en diciembre del 2015, el pago de la factura sólo representaba el 10% del costo. Para fin de este año está previsto que lo que se pague cubra el 90%, y para 2019, el total. En el Gobierno admiten que este objetivo será muy difícil de lograr en medio de la turbulencia política generada por el aumento tarifario, y la decisión de la oposición de haber tomado este tema como su caballito de batalla en el Parlamento.
Según números oficiales, los subsidios a la luz y el gas, a principios del 2016, significaban USD 15.000 millones, equivalentes al 3,1% del PBI. Este año, el monto previsto se redujo a USD 6.500 millones, 1,3% del PBI.
Estas cifras ubican a Aranguren -con un 41% de imagen negativa, según la última encuesta de la Universidad de San Andrés- como el más «ahorrador» de la gestión: en dos años redujo el gasto en subsidios en USD 8.500 millones.
Sintonía fina
Para enfrentar el mal humor social, el Gobierno busca hacer eje en la mayor «equidad» del nuevo esquema tarifario, y destaca el alcance de la Tarifa Social. La contrasta con los subsidios indiscriminados que había instalado el kirchnerismo, en detrimento de los sectores más vulnerables.
Según las cifras que manejan en el Ministerio de Energía, de los 13,5 millones de hogares que hay en la Argentina, solo 8,2 millones tienen acceso a la red de gas natural. De este total, un cuarto -2,1 millones de hogares- paga la Tarifa Social del gas.
En tanto, la conexión a la red eléctrica alcanza a 13,1 millones de hogares (incluidos aquellos con conexiones irregulares o «colgados»), la mayoría de la población. De este número, casi un tercio -4,5 millones- tiene el beneficio.
Hoy pueden tener la Tarifa Social jubilados o pensionados, trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de pensiones no contributivas,que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos. También beneficarios de programas sociales, personal doméstico y monotributistas sociales, o cuyo ingreso anual mensualizado no supere los dos salarios mínimos
A la hora de afinar números, el Gobierno aspira a definir con mayor precisión a quiénes les corresponde -o no- pagar la Tarifa Social. Sin embargo, también admiten que hay un porcentaje de población vulnerable que no está informado de este beneficio, o no sabe cómo hacer el trámite. En ese sentido, destacan que unos 400.000 fueron incluidos por geolocalización, por vivir en barrios muy humildes. Son conscientes de que esta cifra es baja en relación al universo total de usuarios, pero apuntan a ampliar este sistema para «poder sumar aquellos que realmente lo necesitan».
En contrapartida, mencionan ejemplos de abusos detectados, ya que el beneficio aplica para quien figura como titular del medidor. «Hay casas en countries con Tarifa Social, porque pusieron el medidor a nombre de una abuela jubilada. O un edificio con 35 medidores, todos a nombre del gasista, todos con Tarifa Social».
Más allá de estas irregularidades, lo cierto es que la cartera de Energía tiene pendiente resolver la situación de los inquilinos, un planteo de Sergio Abrevaya -legislador del GEN- en las audiencias públicas. Hoy, los que no son propietarios no pueden hacer el trámite para acceder a la Tarifa Social si el medidor está a nombre del dueño. Tampoco pueden «llevarse» el beneficio si se mudan.
En este sentido, el Gobierno estudia la posibilidad «hogarizar» la Tarifa Social para que el beneficio sea efectivo para quien cumple los requisitos, más allá de la vivienda que habite.
Sintonía fina
Para enfrentar el mal humor social, el Gobierno busca hacer eje en la mayor «equidad» del nuevo esquema tarifario, y destaca el alcance de la Tarifa Social. La contrasta con los subsidios indiscriminados que había instalado el kirchnerismo, en detrimento de los sectores más vulnerables.
Según las cifras que manejan en el Ministerio de Energía, de los 13,5 millones de hogares que hay en la Argentina, solo 8,2 millones tienen acceso a la red de gas natural. De este total, un cuarto -2,1 millones de hogares- paga la Tarifa Social del gas.
VIDEO: DIPUTADO MARTÍN HERNÁNDEZ LLEVA EL TEMA TARIFAS Y REFSA AL CONGRESO DE LA NACIÓN
En tanto, la conexión a la red eléctrica alcanza a 13,1 millones de hogares (incluidos aquellos con conexiones irregulares o «colgados»), la mayoría de la población. De este número, casi un tercio -4,5 millones- tiene el beneficio.
Hoy pueden tener la Tarifa Social jubilados o pensionados, trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de pensiones no contributivas,que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos. También beneficarios de programas sociales, personal doméstico y monotributistas sociales, o cuyo ingreso anual mensualizado no supere los dos salarios mínimos
A la hora de afinar números, el Gobierno aspira a definir con mayor precisión a quiénes les corresponde -o no- pagar la Tarifa Social. Sin embargo, también admiten que hay un porcentaje de población vulnerable que no está informado de este beneficio, o no sabe cómo hacer el trámite. En ese sentido, destacan que unos 400.000 fueron incluidos por geolocalización, por vivir en barrios muy humildes. Son conscientes de que esta cifra es baja en relación al universo total de usuarios, pero apuntan a ampliar este sistema para «poder sumar aquellos que realmente lo necesitan».
En contrapartida, mencionan ejemplos de abusos detectados, ya que el beneficio aplica para quien figura como titular del medidor. «Hay casas en countries con Tarifa Social, porque pusieron el medidor a nombre de una abuela jubilada. O un edificio con 35 medidores, todos a nombre del gasista, todos con Tarifa Social».
Más allá de estas irregularidades, lo cierto es que la cartera de Energía tiene pendiente resolver la situación de los inquilinos, un planteo de Sergio Abrevaya -legislador del GEN- en las audiencias públicas. Hoy, los que no son propietarios no pueden hacer el trámite para acceder a la Tarifa Social si el medidor está a nombre del dueño. Tampoco pueden «llevarse» el beneficio si se mudan.
En este sentido, el Gobierno estudia la posibilidad «hogarizar» la Tarifa Social para que el beneficio sea efectivo para quien cumple los requisitos, más allá de la vivienda que habite.