“El diputado Basterra defiende a Gildo Insfrán y se enoja porque fui a Montevideo a declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que debería preocupar a Basterra es que Formosa figura en los informes anuales 2015 y 2016 de la CIDH por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión”, dijo Gabriel Hernández, respondiendo a las críticas que le hizo el diputado nacional Luis Basterra (PJ).
Basterra dijo que al declarar ante la CIDH en Montevideo por el juicio de daños y perjuicios promovido por el gobernador Insfrán, Hernández “ha llevado a legisladores elegidos por el pueblo a un camino de una gravedad institucional notable, pues es la justicia de la provincia de Formosa quién ahora está siendo agraviada por sus acciones”.
Basterra defendió la sentencia que condenó a Hernández a pagarle a Insfrán una indemnización de 2 millones de pesos en concepto de “daño moral” por la llamada telefónica de un oyente anónimo a su programa “Mano a Mano” en la FM 100.3, condena que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Formosa.
Dijo Basterra: “el señor Gabriel Hernández fue juzgado y condenado por jueces de la democracia argentina, quienes preservaron todas las garantías y derechos procesales. Su irresponsabilidad no le permite observar que un ciudadano de bien no puede pretender estar por encima de las leyes y jueces”.
Hernández le respondió que “los jueces en Formosa son obedientes al poder político; en nuestra provincia no hay una Justicia independiente. Desde hace 22 años Insfrán indica qué jueces deben ser elegidos, quiénes deben ser promovidos y cuáles hay que sacar; por eso en los Tribunales se hace lo que el gobernador quiere. La primer y principal garantía procesal a la que tenemos derecho los ciudadanos es la garantía de imparcialidad e independencia de los magistrados, y eso no existe en Formosa”.
“La condena a pagarle 2 millones de pesos a Insfrán por lo que dijo un oyente en un programa de radio es una aberración que ha sido criticada en todo el país; los periodistas más prestigiosos, como Wiñazki, Leuco, Nelson Castro, Lanata, y organizaciones prestigiosas como FOPEA (Foro del Periodismo Argentino) han dicho que es un fallo absurdo y arbitrario, pero Basterra lo defiende”, agregó Hernández.
“Basterra dice que las sentencias de la Justicia de Formosa no deben criticarse, y que cuestionar ante la CIDH el fallo de los 2 millones reviste “gravedad institucional”. Es lo mismo que dijo el Colegio de Magistrados de Formosa, integrado por los jueces provinciales, cuando al responder a FOPEA expresó que la libertad de expresión debe ejercerse de manera “responsable”, sin cuestionar desde los medios de comunicación a las sentencias judiciales.
El Colegio de Magistrados de Formosa, al igual que Basterra, considera que la crítica mediática a los fallos judiciales “sólo genera incertidumbre en la ciudadanía y pérdida de confianza en las Instituciones”; es decir, que los periodistas y los ciudadanos en general no debemos cuestionar las sentencias, aunque sean injustas y sin fundamento.
“Lo único que evidencian Basterra y el Colegio de Magistrados, presidido por la jueza Viviana Taboada, es que no toleran las críticas de la ciudadanía y de la prensa. Y eso es la mayor evidencia de que en Formosa no se respeta la Libertad de Expresión. Si los jueces no aceptan que sus fallos pueden ser criticados en los medios de comunicación, evidentemente no son jueces de la Democracia, y lo mismo puede decirse de Basterra, que como legislador debería defender el derecho de los ciudadanos a expresarnos libremente, aún de los que no pensamos como él”, finalizó diciendo el doctor Hernández.