El diputado nacional Martín Hernández (Cambiemos-Formosa) presentó hoy una denuncia penal en el Juzgado Federal de Formosa solicitando “se investigue hechos delictivos cometidos por funcionario público, entre ellos lavado de activos, reprimido por el artículo 303 del Código Penal Argentino”.
Hernández considera, en el escrito presentado al juez federal subrogante Juan Carlos Vallejos, “que en el caso de Gildo Insfrán, de acuerdo a las revelaciones que tuvieron pública difusión en las últimas horas, se configura claramente la figura delictiva del lavado de activos, con el agravante de que el imputado formaría parte de una “asociación o banda” que se dedicaba a cometer ese delito en forma reiterada”.
La denuncia surge tras la difusión de un reportaje al empresario de medios, Mariano Martínez Rojas en el canal de cable Todo Noticias, y se agrega que “tanto Insfrán como otros de los cómplices o partícipes eran funcionarios públicos en la época en que se cometieron los ilícitos aquí denunciados”.
En el reportaje en cuestión, Martínez “se refirió a distintos ilícitos de los que tiene datos y elementos probatorios en su poder, y en lo que aquí interesa, describió con detalles una operación de lavado de activos que se habría cometido reiteradamente con la complicidad de otros funcionarios, con la finalidad de beneficiarse con dinero de origen ilícito –cohecho o “retornos”- de “refacturaciones” (redeterminación de precios) de contratos de obra pública en la provincia de Formosa”.
El diputado Hernández, solicitó que “se disponga una auditoría de la empresa mencionada por Martínez Rojas, a la que eran entregados los cheques de las empresas constructoras de la obra pública de Formosa, e investigarse a los empresarios que libraron los cheques, y a quienes intervinieron en la maniobra, llevando los maletines con dinero en efectivo”.
El legislador explica que la información suministrada Martínez Rojas, “pone en evidencia una compleja trama de actos ilegales que se inician en la Provincia de Formosa, con la emisión de cheques de empresas constructoras, correspondientes a “refacturaciones”, o sea, redeterminación de precios de contratos de la obra pública financiada con recursos del Estado Nacional.
Esos cheques eran “descargados” a nombre de una empresa nueva que a su vez entregaba esos cheques “en negro”, -sin endosar- al denunciante, para que éste los convierta en dinero en efectivo a través de una empresa de la Bolsa en Buenos Aires.
