El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Formosa repudió mediante solicitada “las descalificaciones proferidas contra la investidura de los mismos” realizada por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) que denunció en su informe anual 2016 del Monitoreo de Libertad de Expresión, a las “autoridades políticas» de Formosa, que «utilizaron al Poder Judicial –y/o jueces que se prestaron- con la finalidad de generar una restricción, intimidación o un castigo económico a periodistas y a medios” .
Al respecto, la presidenta del Colegio de Magistrados, Viviana Taboada repudió en FM Tropical “la conducta, toda vez que al denostar la figura de magistrados y funcionarios, afectan no solo su honorabilidad, sino el ejercicio legítimo de la función judicial”.
Agregó que «la denuncia mediática que pone en tela de juicio al obrar de los jueces, solo genera incertidumbre en la ciudadanía y pérdida de confianza en las instituciones, más teniendo en cuenta que sólo se basa en “información subjetiva proporcionada por una parte del proceso, que en una de las causas referenciadas, fue señalado como testigo en una noticia criminis ante la fiscalía y jamás denunciado. Y en la otra causa, resultar ser demandado, con las garantías de todas las instancias judiciales”.
“Parece que FOPEA hace el informe en base a determinadas personas. Hay que ser responsables cuando uno maneja información, cuando es periodista, debe ser objetivo. Si bien hay una libertad de expresión, todo genera responsabilidad, cada uno es responsable de lo que dice, la información debe ser exacto, fidedigna, no infundir a error a la población para determinar algún pensamiento que uno quiere que se instale” señaló Taboada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Martorell”,
determinó que las previsiones del artículo 11 de la Convención (sobre protección a la honra y la dignidad) de ningún modo pueden sostener la procedencia de la violación del artículo 13 que prohíbe la censura previa.
La magistrada aseguró que “es grave, cuando se compromete a magistrados y funcionarios, se afecta la honorabilidad y el ejercicio legítimo de la función judicial, nosotros como garantes de la constitución debemos trabajar en los expedientes, con los elementos objetivos que nos arriman las partes, y tomar decisiones judiciales.
Esas decisiones tienen que pasar por todo el andamiaje judicial y las medidas que tienen libremente las partes, y llegar hasta la última instancia, si no están de acuerdo con las decisiones tomadas por los jueces”.
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE FORMOSA ESTÁ INTEGRADA POR: PRESIDENTA, DRA. MARIA LAURA VIVIANA TABOADA, VICEPRESIDENTE: DRA. CLAUDIA FABIOLA PEREZ GREPO; VOCALES TITULARES: DRA. GISELLE VERONICA DROVANDI, DR. RICARDO FERNANDO CRESPO, DRA. LAURA N. ROMERO, DR. HORACIO R. ROGLAN, DR. ROLANDO VICENTE SANDOVAL. VOCALES SUPLENTES: DR. VICTOR RAMON PORTALES, DRA. LILIANA B. FERREYRA.
Agregó que “acá se dice que se utilizó a determinado magistrado para fallar de alguna manera determinada, se está infundiendo en la población la idea de que un magistrado falla a favor de determinada parte. Y no es así, FOPEA, debe ser mucho más responsable en brindar un informe, se debe basar en los elementos objetivos que hay en los expedientes. Deben ventilarse las sentencias objetivamente plasmadas en las decisiones judiciales firmes” pidió.
QUÉ DICE EL INFORME DE FOPEA?
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicó su informe anual 2016 del Monitoreo de Libertad de Expresión, donde denunció que en Formosa “autoridades políticas utilizaron al Poder Judicial –y/o jueces que se prestaron- con la finalidad de generar una restricción, intimidación o un castigo económico a periodistas y a medios” y dio como ejemplo las demandas y denuncias impulsadas por el Gobernador Gildo Insfrán y funcionarios de su entorno contra periodistas locales.
El informe de FOPEA relata que “una Cámara judicial de la provincia de Formosa ratificó la condena a varios periodistas de radio obligándolos a pagar una suma millonaria al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, quien los querelló por no haber refutado una afirmación pronunciada por un oyente anónimo que salió al aire en un programa, en enero de 2013”.
Luego sigue diciendo el informe: “En noviembre de 2016, otra vez el gobierno formoseño de Gildo Insfrán concretó una presión judicial indebida, al denunciar penalmente a periodistas por sus comentarios en Facebook en los que se preguntaban sobre las causas de un corte de luz que había impedido salir al aire el programa ‘Sin Censura’, de Gabriel Hernández”.
En esa oportunidad, los periodistas Leonardo Fernández Acosta y Gabriel Hernández fueron denunciados por la Fiscal de Estado Stella Maris Zabala de Copes “por expresas instrucciones” del Gobernador de Formosa.
Por estos casos, FOPEA exhortó a jueces y fiscales de la Provincia de Formosa a “constituirse en garantes de la libertad de expresión y no en una amenaza para el ejercicio de la labor de informar”.
Sigue diciendo el informe de FOPEA que en el proceso por daños y perjuicios promovido por el gobernador formoseño, para calcular la indemnización de 2 millones de pesos la jueza Giselle Verónica Drovandi dijo que tuvo en cuenta “las condiciones personales” de Insfrán, expresando “que gobierna desde ya hace muchos años de manera intachable” la provincia.
“Los afectados son Gabriel Hernández, conductor del programa de radio «Mano a mano», su esposa y coconductora Paola Cóspito –que ni siquiera estaba en el estudio el día del programa-, la propietaria de la radio y otros periodistas que se hicieron eco luego de la polémica”, dice FOPEA.
También resultó condenado a pagar los 2 millones de pesos el director del diario Opinión Ciudadana, Julián González, actual director de LRA8 Radio Nacional Formosa.
Agrega el informe de FOPEA: “El fallo, que fue recurrido ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa y aún está pendiente de resolución, genera un peligroso precedente por no haber tomado en cuenta la jurisprudencia del caso Campillay y otros respecto de la doctrina de la real malicia y de la mayor tolerancia a la crítica que deben tener los funcionarios públicos”.
FOPEA también critica el fallo de la jueza Drovandi “por haberles adjudicado a los periodistas el incumplimiento de una obligación inexistente: la de tachar de falsas o refutar al aire opiniones o afirmaciones de terceros”.
En su informe, FOPEA lamentó el precedente en el caso, que todavía es materia de recursos ante instancias superiores, “por constituir un castigo económico que busca imponer la autocensura en los medios de comunicación”.
En sus conclusiones, dice el informe de FOPEA: “Durante 2016, gran parte de las limitaciones a la libertad de expresión confirmaron la tendencia de los últimos años: las agresiones más frecuentes a la tarea de periodistas sucedieron en localidades del interior del país y estuvieron dirigidas hacia comunicadores de radios, periódicos o portales de internet por parte de personas poderosas del lugar”.
Para FOPEA, el dato más llamativo en estos casos fue que en Formosa “el Poder Judicial intervino, de un modo u otro, en la restricción de garantías constitucionales que amparan a la prensa y que jueces y fiscales tienen el deber de custodiar en el marco de un sistema republicano”.
DOCUMENTO: Sobre derecho a la Información y prohibición de censura previa Aquí un caso emblemático, donde la jueza Servini de Cubría le inició una demanda a Tato Bores. Es jurisprudencia y se aplicó en varios fallos. sintesis_servini de cubria