La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, concretó un fuerte repudio contra el Gobierno de Mauricio Macri, quien creo el ENACOM, y que en el día de ayer conjuntamente con la Gendarmería y sin notificación previa alguna -según los responsables de varias emisoras de la ciudad capital-, se procedió a la inspección y secuestro de equipos de radio.
Desde el Organismo de la Constitución consideraron que todos los medios comunitarios y espacios de interedes que han repudiado este avasallamiento a la comunicación popular alternativa y que perjudica a trabajadoras y trabajadores de las radios que hoy han sido silenciadas sin que mediara una orden de un juez federal competente.
José Leonardo Gialluca recordó que el pasado 18 de febrero, el nuevo ente con que el ejecutivo nacional reemplazó al AFSCA, el ENACOM (Ente Nacional de Comunicación), secuestró los equipos de la radio perteneciente a la colectividad boliviana de la ciudad capital de San Luis y el motivo fue llamativamente que la señal de la frecuencia interferida al Aeropuerto de dicha ciudad.
Ahora nuevamente y con el nuevo pretexto se procede en igual sentido con lo que existe una fuerte sospecha e indicios de que todas estas acciones están teñidas de una clara persecución hacia determinados medios, pues es sabido que todas estas interferencias pueden ser corregidas por los técnicos del ENACOM, y luego podrían emplazar a los medios si existiera alguna irregularidad para que sean subsanadas dentro de un plazo perentorio, ya que el ENACOM , no hace lo mismo y no aplica la misma vara en Formosa por ejemplo con las empresas de telefonía móvil o fija o de internet que poseen antenas irregularmente instaladas y funcionando con denuncias de vecinos de distintos barrios sin que hasta la fecha hayan solucionado este punto y menos aún la fuerte interferencia de las señales de la telefonía del Paraguay que hace que todos los usuarios de Villa del Carmen y hasta en la misma Costanera de la ciudad, al activar los equipos sin aviso previo ya estén pagando una tarifa en dólares por la utilización del denominado roaming.
Por ultimo Gialluca señalo que en esto se debe ser claro y no entablar una política de persecución hacia los medios porque el derecho a la comunicación está inserta en nuestra Constitución Nacional y en las leyes dictadas al respecto por lo cual estos secuestros de equipamiento vulneran el pacto de San José de Costa Rica y los Derechos Humanos de cada ciudadano y conculca un derecho que todos debemos defender que es el de la libertad de expresión.
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