La iniciativa, impulsada por la organización Inquilinos Agrupados y presentada por la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV), implica una modificación el Código Civil y Comercial de la Nación.
A su vez, se fija que los inquilinos no paguen las expensas extraordinarias y que el depósito en garantía se devuelva actualizado al finalizar el contrato.
El proyecto también manifiesta que si el destino del alquiler es habitacional «no podrá cobrarse el pago anticipado de alquiler mayor a un mes» y que «los depósitos tendrán que tener un importe equivalente al de un mes de alquiler».