Federico Acosta, abogado defensor del rector de la UNaF, Martín Romano, criticó duramente el auto de procesamiento dictado a su cliente por el juez Federal subrogante Juan Carlos Vallejos, y afirmó que se trata de una “decisión política de corte intervencionista que atenta contra la autonomía universitaria y además propicia la destitución del funcionario”. Fuente: diario La Mañana.
En su resolución, además de procesar al rector Romano y trabar embargo sobre sus bienes por la suma de 100 millones de pesos, el juez Vallejos opinó que no sería recomendable que Romano siga al frente del Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa porque su permanencia “podría ocasionar más perjuicio a la administración de la UNaF”.
“En realidad –señaló- debo referirme a una primicia periodística, ya que no fui notificado formalmente de ningún fallo, pese a que hoy se hace esa diligencia necesaria por vía electrónica. Es decir, que no hay excusas para la omisión, pero más allá de lo oprobioso de este tipo de “notificaciones” a las partes y defensores a través de la prensa, la verdad es que los fallos primicias además de violentar normas procesales específicas y más allá también del “vedettismo” judicial, siempre reflejan intereses extraprocesales, que en el caso son evidentes”, sostuvo el profesional.
El letrado penalista dijo que todavía no conoce los alcances y fundamentos de la resolución porque aún no fue notificado.
Siguiendo esta línea argumental, Acosta dijo que de la información periodística surge algo muy claro, “que el juez (Juan Carlos) Vallejos, al propiciar la destitución del rector Martín Romano tomó una decisión política sobre hechos anteriores al año 2012, y al mismo tiempo intervencionista porque socava la autonomía de las Universidades establecida en la Constitución Nacional y, en rigor, es un pretendido quiebre al sistema democrático institucional de la UNaF, desconociendo la voluntad de alumnos, docentes, no docentes y profesores de la Universidad que han conferido legítimo mandato al rector”, enfatizó el abogado, en directa alusión al pedido del juez para que Romano no siga más al frente de la universidad.
FALLO POLÍTICO
Respecto a este punto, Acosta opinó que en principio es una clara injerencia a la política-institucional de la UNaF, pero además abrió un interrogante al señalar que “habrá que ver quien pretender sacar réditos de esta posición judicial”.
Asimismo, anticipó que cuando el juez decida notificarle formalmente de su resolución, la misma será recurrida ante una instancia superior, y adelantó que también piensa recusar al magistrado porque “obviamente ha perdido la necesaria objetividad e imparcialidad con que debe ejercer el cargo. Basta señalar que esta decisión política tiene el antecedente de varias reuniones previas a esta decisión que mantuvo con el denunciante Pedro Schaeffer, sin noticia ni participación de la Defensa”, afirmó.
Tras calificar al auto de procesamiento como un fallo “político, arbitrario e intervencionista”, Acosta se refirió al trabajo desplegado en la causa judicial, indicando que oportunamente se aportaron todas las pruebas que contradicen la imputación que formularon contra el ingeniero Martín Romano, aseverando que “para nosotros no hay delito que investigar y de hecho hemos solicitado el sobreseimiento haces meses. Los fundamentos jurídicos del fallo desconozco porque no fuiste notificado y recién cuando me notifiquen voy a poder opinar al respecto”, explicó el abogado.
Por otra parte, reveló que toda la gestión académica y económica-financiera, con sus balances respectivos, del rector Martín Romano fue aprobada por el Consejo Superior de la UNaF y también por las autoridades nacionales de contralor.
Sobre el embargo de 100 millones de pesos aplicado por el juez Vallejos en el auto de procesamiento, opinó que dicho monto es “absurdo”, pero además “tendencioso porque ni el juez Vallejos, ni ningún otro juez o perito podría sostener que Romano se haya apropiado de tal astronómica suma y esto surge claro de las constancias de la causa”, concluyó Acosta.