La Fiscal Federal de Formosa, Marisa Vázquez, solicitó que se llame a declaración indagatoria a otros 363 imputados por domicilio falso, en una causa penal de los votantes paraguayos iniciada en 2013 por denuncia del apoderado de la UCR, Gabriel Hernández.
Con el nuevo requerimiento fiscal, ya suman más de 700 los imputados en las numerosas causas que tramitan en el Juzgado Federal de Formosa, donde se investigan a los votantes de nacionalidad paraguaya que declaran domicilio falso en la provincia, muchos de los cuales obtuvieron jubilaciones y pensiones argentinas, mediante la adulteración de sus datos personales en los documentos de identidad.
El nuevo pedido fiscal, formulado en el expediente 5676/2016 caratulado “Acosta Báez, Edgardo Ramón y otros”, solicita que se cite a los acusados, para que declaren no solamente por los domicilios falsos, sino por el perjuicio económico causado a la ANSES y a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
A pedido de Hernández, la Fiscal Federal requirió al Juzgado que amplíe la acusación a los imputados, por considerar que además de la declaración de domicilio falso, también se cometieron los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude a la Administración pública.
Así lo hizo el 24 de agosto la Fiscal Federal en el caso “Delgado Johana Elizabeth y otros”, Expediente N° 357/2013, donde dijo que los 87 imputados “el domicilio denunciado no es su verdadero domicilio” y que incurrieron en el delito del art. 293 del Código Penal, que castiga a los que insertan en un instrumento público declaraciones falsas y solicitó al Juez Federal que se libre oficio a la Dirección del Registro Civil “a fin de que remita acta de nacimiento, como así también toda documentación presentada para la inscripción” y “todos los pedidos de renovación del Documento Nacional de Identidad y los cambios de domicilio solicitados”.
Idéntico pedido hizo Marisa Vázquez en el caso caratulado “García Dionisio y otros s/infracción Ley 19.945”, Expediente N° 144/2013, con 30 imputados, donde también solicitó que se los cite a prestar declaración indagatoria “por la presunta comisión del ilícito de Falsedad Ideológica de Documento Público”.
La Fiscal pidió al Juez que requiera a la ANSES que informe si los acusados son beneficiarios de planes sociales otorgados por el Estado argentino a través de ese organismo.
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