La gerente de Refsa servicio eléctrico, Miriam Roques, consultada respecto de si existe alguna modificación en el precio de la tarifa aplicada a los usuarios del servicio eléctrico en la provincia , manifestó que no se ha recepcionado instrucción alguna que modifique el precio actual de la energía mayorista que fuera impuesta por el Ministerio de Energia de la nación así como comunicación alguna de Cammesa acerca de alguna decisión que implique retrotraer el precio mayorista vigente antes del primero de febrero del año en curso.
Luego expuso que “Formosa ya ha previsto la realización de la revisión tarifaria integral necesaria para modificar el VAD que definirá, el costo necesario para operar, mantener y expandir el servicio en condiciones técnica y económicamente adecuadas».
Así lo resolvió el EROSP en el marco de la Resolución en la que se dispusiera el traslado, a los usuarios en el cuadro tarifario respectivo, de los nuevos precios de generación y la quita de subsidios ordenada por la Resolución Nro 06 /2.016 del Ministerio de Energía de la Nación , hoy cuestionada judicialmente.
Pero obviamente, ante la confusión emergente de los desaciertos del gobierno nacional, todo ello impide poder avanzar en este proceso de la revisión y que concluye con la realización de la audiencia pública”.
Opino que ¨lamentablemente seguirá dilatándose hasta tanto se defina desde nacion, certeramente que valores serán los vigentes, Tanto más cuando en la mayoría de las jurisdicciones provinciales existen amparos y requerimientos de medidas ante la política tarifaria adoptada por el gobierno nacional ¨.
Subrayo que como es de público conocimiento la justicia hoy está tomando medidas correctivas respecto del traslado de los costos a las tarifas a los ciudadanos que estimamos demandaran su tiempo hasta su cumplimiento definitivo, con lo cual los plazos se van dilatando de manera concurrente a procesos como los que tenemos previsto desarrollar en la provincia”.
Roqués reafirmó que todo este escenario producto de lo que entiende surge del “desconocimiento del golpe que significaría para los presupuestos familiares las tarifas impuestas y la política tarifaria adoptada mediante las resoluciones nacionales hoy cuestionadas en la justicia, hace que lo fijado de antemano por la provincia, como garantizar la participación ciudadana, exigido por principios políticos y constitucionales, deba estar postergándose”.
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