FUENTE: OPINIÓN CIUDADANA
Los periodistas Julián González y Gabriel Hernández condenados por un fallo de la justicia local a pagar 2 millones de pesos al gobernador Insfrán, que le inició acciones legales por difusión de una charla «al aire» con un oyente en Radio Fantasía donde se cuestionaba al mandatario por el fallecimiento de su hijo Gildo Miguel calificaron de «fallo politizado y arbitrario» y pudieron notificarse que «ahora nos obliga a pagarle 1.200.000 pesos al gobernador Gildo Insfrán, por haberlo ofendido. Por fin les dejaron ver el expediente de 6 cuerpos y casi 2400 carillas, pero les siguen negando -autoritaria e inexplicablemente- la entrega de la copia del audio por la cual los ejecutaron sin derecho a defensa» explicaron los comunicadores sociales.
«En el vergonzoso fallo de primera instancia redactado por la Fiscal de Estado y -el abogado, proveedor del Estado y empleado de la Jefatura de Gabinete- Luis Claudio Vivas, y firmado obediente y disciplinadamente por la jueza militante Giselle Drovandi, del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 1, los había condenado a pagarle al gobernador la exagerada suma de dos millones de pesos, que él mismo se había auto-fijado y solicitado para reparar su «sobrevaluada» moral afectada por el llamado anónimo de un oyente de radio, al que nunca investigaron» expresan los demandados en una publicación del diario online Opinión Ciudadana.
«TODO PREPARADO»
“Fue el propio gobierno el que armó lo de las llamadas, porque Insfrán pidió dos días antes, el 19 de enero que graben mi programa en una escribanía, y la llamada fue el 21. ¿Cómo sabía dos días antes que alguien iba a llamar? Nunca vi preparar una causa judicial con tanta impunidad y mala fe”, dijo Gabriel Hernández, uno de los periodistas condenados por la jueza Giselle Verónica Drovandi.
“Por eso pedimos antes sin respuestas y volvemos a pedir ahora las grabaciones encargadas por el gobierno, para demostrar que todo esto es una farsa para amordazar a los medios de comunicación independientes. Vamos a denunciar a la jueza Drovandi, que es esposa de un alto funcionario político del Poder Ejecutivo provincial y sobrina de un ex ministro y de un eterno diputado de Gildo Insfrán, por haber dictado aquel fallo vergonzoso, sin fundamento jurídico”.
A tal punto llegaba la obsecuencia debida y el disciplinamiento político de la jueza, que dijo en la sentencia que incrementa el monto de la indemnización porque Gildo Insfrán ha tenido una gestión “intachable” como gobernador, un comentario insólito proveniente de una magistrada que tendría que actuar de modo imparcial e independiente del poder político.
Dos días antes de la misteriosa llamada, Walter César Segundo Rodas, Director de Asuntos Administrativos del Poder Ejecutivo provincial (el funcionario que rubricó el pagó de los 7.6 millones a Boudou, Vandebroele), se presentó ante el recontra denunciado Escribano Oscar Aníbal Leguizamón para pedir que grabe el programa “Mano a Mano” que en Radio Fantasía conducía el Dr Gabriel Hernández.
«Esto demuestra que el gobierno sabía que iba a producirse la llamada telefónica del oyente, y lógicamente, la única forma de saberlo es porque ellos mismos mandaron a hacer la llamada, para luego salir en todos los medios a rasgarse las vestiduras en repudio al supuesto “agravio” al gobernador», denunció Hernández.
El propio Gildo Insfrán auto sobrevaluó en 2 millones de pesos el costo de su moral ofendida, con el argumento de «que Gildo Insfrán ha tenido una gestión “intachable” como gobernador», no solo como reparación del supuesto daño moral, sino también para “desalentar conductas lesivas de ese tipo en el futuro”.
Pese a que el 22 de julio la Jueza Vanessa Jenny Booman, hermana del Lorenz Booman apoderado del PJ y del FpV formoseño y socio del Estudio Jurídico del diputado Armando Felipe Cabrera y asociados», salió a confirmar a la prensa (que así lo publico) que el fallo condenando a los periodistas a pagarle los 2 millones de pesos a Gildo Insfrán había sido confirmado por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
«No se puede tener en cuenta “las condiciones personales de la víctima, tal como la actividad pública que lleva adelante desde hace ya muchos años de manera intachable … y por elección del voto popular del pueblo de la Provincia de Formosa … para determinar el alcance de la reparación», porque se está alegando la propia torpeza al reconocer, que el monto de la indemnización se elevó a la suma de 2 millones de pesos atendiendo que el accionante es el gobernador de la provincia, de trayectoria “intachable”, y todo con el propósito de “desalentar” a otros periodistas y medios de comunicación», había advertido la Magistrada antes de ser presionada por todo el poder político y los personeros judiciales del Gobierno Provincial.
Finalmente, la Dra. Telma Bentancur consideró “excesivo” la autoevaluación de su honor de Gildo Insfrán y, del vergonzoso fallo de la jueza Drovandi», por lo que votó en disidencia proponiendo reducir la exagerada suma fijada en la instancia de grado a la cantidad de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000) la multa a los periodistas que osaron permitir que un oyente criticara a Gildo Insfrán.