El capitán retirado Marcos Rodríguez, a quien se le hiciera un allanamiento este lunes en una casa quinta de Paraná, se suicidó esta mañana en Rosario, utilizando un arma de fuego. La información fue confirmada a ANALISIS DIGITAL por su hijo, el funcionario provincial entrerriano Marcos Rodríguez Allende. Sobre el ex militar de Ejército Argentino pesaba una orden de detención dictada por el juez federal Juan Carlos Vallejo, subrogante en Formosa, que lleva adelante una causa por crímenes de la dictadura en esa provincia. (Fuente: ANALISIS DIGITAL, Entre Ríos)
El abogado y funcionario Marcos Rodríguez Allende se enteró poco antes de las 10 del deceso de su padre, quien se encontraba viviendo en un departamento familiar en Rosario y, al parecer, se encontraba también con su esposa. Rodríguez Allende, titular del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), totalmente conmocionado por el hecho, confirmó a ANALISIS DIGITAL del deceso de su padre e incluso acotó que había tomado la drástica decisión utilizando un arma de fuego.
Los policías federales allanaron la casa-quinta en horas de la tarde, pero la vivienda estaba deshabitada. Una hija del ex militar se presentó en el lugar, franqueó la entrada y se constató que nadie vivía allí. La mujer, que cumple funciones en la Policía de Entre Ríos, es hermana del abogado Marcos Rodríguez Allende.
LA HISTORIA DE SU PASO POR FORMOSA
El capitán Rodríguez vivía en Paraná, pero enfrentaba una acusación por hechos en su paso por el Regimiento de Formosa. Entre 1975 y 1978 fue jefe de la Sección Intendencia, es decir, integraba la plana mayor, y tenía a su cargo las finanzas de la unidad militar por la que pasaron más de un centenar de presos políticos. Estaba acusado de “privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y desaparición forzada de personas”.
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Rodríguez integraba la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte de Formosa durante la última dictadura cívico-militar y fue ministro de Economía de la provincia en los dos meses posteriores al golpe del 24 de marzo. Su detención había sido solicitada por el abogado Pedro Velázquez Ibarra, ex preso político, por su propio derecho y en representación de familiares de personas desaparecidas.
Ya el año pasado se habían librado exhortos al Juzgado Federal de Paraná para realizar distintas medidas relativas a la búsqueda de Rodríguez, pero sin resultados.
Velázquez Ibarra explicó que “la estructura represiva, en el regimiento, tenían distintas secciones: Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, Finanzas y Sanidad. El rol de Marcos Rodríguez era esencial, porque era quien manejaba los fondos y conocía todos los movimientos de la unidad militar”.
Velázquez Ibarra contó además que “Rodríguez cumplía funciones todos los días en el edificio del regimiento y tenía su despacho literalmente ‘pegado’ a la sala de torturas de hombres y mujeres, al lado de los lugares de detención y cerca de un cuarto destinado a depositar bienes perecientes a las personas privadas de la libertad”.
Asimismo, recordó que “ya en su declaración indagatoria Rodríguez había confesado que el funcionamiento de la Sección Finanzas, de la cual estaba a cargo, estaba basado en la administración de los fondos de toda la unidad, en todo lo referente a los haberes de los agentes, viáticos, pasajes, racionamiento del personal, compras y el abastecimiento de todo aquello que solicitaren”.
Un ex preso político también lo mencionó como partícipe de las sesiones de tortura. Ismael Rojas, detenido el 6 de agosto de 1976, contó que primero estuvo en una dependencia policial formoseña, pero a las 24 horas fue trasladado al regimiento. “Allí me desnudaron, me vendaron y me despojaron de mis pertenencias”, contó en sede judicial. “Durante las sesiones de tortura en el regimiento militar, con picana eléctrica y golpes, me hicieron firmar varios papeles, cuyo contenido yo desconocía, pero que fueron usados en mi contra en el consejo de guerra”, relató Rojas.
La acusación
Marcos Rodríguez estaba acusado de presta una colaboración esencial para la comisión de delitos de lesa humanidad desde su rol de Jefe de Sección Intendencia del regimiento. El escrito de acusación detalla: “Si tenemos presente que en los secuestros y detenciones, actos de rapiña, operaciones en el interior y fuera de la provincia, traslados, etcétera, eran utilizados tanto vehículos militares como otros (camionetas y autos) no identificados en gran cantidad y con mucho personal, es por demás evidente que fue el capitán Marcos Rodríguez quien proporcionó los recursos para combustible, viáticos, etcétera, a tal fin.
Es más, dentro del regimiento, según declaraciones de los propios suboficiales encargados de la custodia de los detenidos, en la época investigada existieron entre 100 y 120 personas en esa situación, a las cuales para alimentarlos en cautiverio ineludiblemente debió intervenir el Jefe de Sección Finanzas (Intendencia)”.