El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, dispuso a través de un decreto la “destitución” del cargo de comisionado de Área de Frontera Clorinda, Pedro Antonio Bareiro, detenido por una causa de tráfico de 51 kilos de cocaína en una camioneta del estado provincial, se informó hoy oficialmente.
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González precisó que el instrumento dictado por el titular del Poder Ejecutivo y rubricado por la ministra Secretaria General del PE, Cecilia Guardia Mendonca, en sus fundamentos deja “expresamente sentado la gravedad de los hechos en los cuales se ve involucrado esta persona y por supuesto su total inhabilidad de estar en condiciones de desempeñar la función para la cual fue encomendado y ninguna otra dentro del estado provincial”.
González agregó que «por expresas instrucciones del gobernador Insfrán, la Fiscalía de Estado efectuó la presentación ante la Justicia Federal constituyéndose como querellante particular en el proceso abierto contra el funcionario público Pedro Ramón Bareiro, a quien conduciendo un vehículo oficial se le encontró 50 kilos de estupefacientes”, confirmo funcionario.
Asimismo, el ministro expuso que también se instruyo a diferentes estamentos del estado, como los ministerios de la Secretaria General y el de Economía, el inicio de todas las acciones necesarias a fin del “total esclarecimiento de los delitos investigados, y también de las personas que por acción u omisión sean autores, cómplices o participes”.
En la misma línea se dispuso que “todos los organismos públicos arbitren los medios y mecanismos necesarios tendientes a brindar toda la información y colaboración a efectos de contribuir a la investigación de los delitos en los cuales se imputa a Bareiro”.
«El imputado, con su accionar estuvo en franca violación a la Ley Nacional 23737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes”, expresa el comunicado oficial que advierte que “al momento de ocurrir el hecho, detentaba un cargo público, con lo cual incurrió en otros delitos como los de incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, abuso de autoridad y peculado”.
El ministro González preciso que ante las circunstancias ocurridas, “el gobierno tiene legítimos y fundados derechos para actuar como parte querellante. Es que el o los delitos comprometen directamente la salud, la seguridad común, el interés y la tranquilidad pública, fundamentalmente cuando el hecho lo cometió quien detentaba una función pública y utilizando un vehículo oficial”.
Asimismo, se subrayó la “necesidad de que se investigue hasta las últimas consecuencias a fin de su completa dilucidación, dado el tremendo perjuicio al estado formoseño y encontrarse no solo comprometidos intereses patrimoniales, sino los de la sociedad toda”. VIDEO: INFORME DE TELENOCHE SOBRE EL CASO DE NARCOTRÁFICO EN FORMOSA (incluye escándalo con piñas en la Legislatura en 1998)
Dio cuenta que el mismo escrito presentado ante la Juez Federal subrogante Lucrecia Gallardo, se “deja expresamente constancia de que es política de este gobierno, a través de los diferentes organismos provinciales, combatir el narcotráfico en todo el territorio y con todos los medios disponibles; es una política de estado la de perseguir y darle lucha a este flagelo en todas sus modalidades”. Incluso expone que prueba de ello está dada en la sanción de la Ley Provincial 1627/15 sobre Narcomenudeo, demostrando así la constante preocupación y ocupación estatal en perseguir y reprimir todas aquellas actividades vinculadas al tráfico, tenencia y consumo de estupefacientes”.
Advierte en la misma línea que “todo ello está en conformidad al perjuicio ocasionado a la buena fe pública, a las instituciones democráticas, sobre todo en la designación de los funcionarios, como también el buen nombre y honor de los demás funcionarios según lo establece la ley”.
El funcionario formoseño marco que se acentúa en torno a las políticas públicas del estado provincial en “ejecutar una lucha frontal contra el narcotráfico”, lo propio en cuanto a que el delito en curso involucra a un funcionario púbico y bienes del estado, con lo cual se “menoscaba además a la comunidad en general y al estado en particular”.
