Como ocurre en este tipo de casos, la institución policial, en el marco del Reglamento de Actuaciones Administrativas, dio inicio paralelamente a actuaciones administrativas para calificar las conductas del personal policial, en su condición de funcionario público.
El suceso se registró en los primeros días de julio de 2014, cuando como consecuencia de una gresca familiar, la Policía acudió hasta la vivienda del personal policial a pedido de la víctima y procedió a la aprehensión del oficial involucrado.
En esa oportunidad el oficial intentó agredir a los uniformados y lo trasladaron hasta la dependencia policial ubicada en el barrio La Alborada, donde se sustancio el sumario judicial por “Violación de Domicilio, Daños, Lesiones y Atentado y Resistencia a la Autoridad”.
En ese contexto y según lo establece la legislación administrativa, el oficial involucrado fue notificado de su situación procesal, quedando en primera instancia en situación de disponibilidad y posteriormente en pasiva.
Atento a la resolución de la causa judicial y como resultado de las actuaciones administrativas, atendiendo a que el personal policial cometió una falta grave, previsto en el Reglamento Disciplinario Policial, se resolvió mediante decreto gubernamental declarar la cesantía del mismo, por considerarlo culpable de la falta.